El Gobierno ha conseguido prorrogar por cuarta vez el estado de alarma, que se prolongará hasta el 24 de mayo. Lo ha logrado de forma agónica, en el último momento y con menos apoyos de los que había recabado el pasado 14 de marzo.
El transcurrir de la crisis del coronavirus hace mella en un Ejecutivo que en cada sesión de control ha ido viendo como las palabras de la oposición se han recrudecido hasta temer que la prórroga no prosperase. Sin embargo, el pacto in extremis con Ciudadanos ha facilitado, finalmente, que este miércoles viesen cumplido el objetivo pretendido con un total de 178 síes, 75 noes y 97 abstenciones; una cifra, esta última, mucho más abultada al abstenerse el Partido Popular, que hoy le ha recordado a Sánchez que esperan “que esta sea la última prórroga”.
El Gobierno, no obstante, lo tiene claro: el propósito es continuar prorrogando el estado de alarma “hasta llegar a la nueva normalidad”. Es “imprescindible”, han reiterado por activa y por pasiva, porque “ha funcionado” y porque defienden que es el único instrumento que les habilita para poder seguir controlando el confinamiento y la restricción de la movilidad, y con ello la desescalada, así como unos ERTE supeditados a la continuidad, precisamente, del estado de alarma. Pero no será fácil, y de hecho todo indica que incluso podría ser la última, muy a su pesar, como prueba esta cuarta prórroga ante la cual ya han tenido que ceder en algunas pretensiones.
Entre las concesiones realizadas por el Gobierno, para devolver el apoyo de Ciudadanos tendrán que mantener contactos semanales con el partido de Inés Arrimadas para “informar sobre la crisis sanitaria” así como para “dialogar y consensuar medidas para la implementación del plan de desescalada”. Y en este sentido, la presidenta de la formación naranja se ha asegurado de recordarle en el Congreso que los ERTE y las ayudas no estén vinculados al estado de alarma, algo que, precisamente, reclamaba Pablo Casado.
Además, en lo que respecta al apoyo del PNV, el Ejecutivo ha respondido cediendo al respecto de la posibilidad de que se celebren las elecciones vascas, --pendientes desde el 5 de abril tras suspenderse por la crisis del coronavirus--, antes de que finalice el estado de alarma, algo que hasta el momento no se contemplaba de ningún modo. Esta decisión, además, podría afectar a las elecciones gallegas, que hubieron de aplazarse al mismo tiempo en el marco de la emergencia sanitaria.
Más allá, el PNV no solo ha pedido que se garanticen los comicios, sino que además ha demandado la cogobernanza en la desescalada para poder decidir sobre cuestiones relativas a la “modificación, ampliación o restricción de las unidades de actuación y las limitaciones respecto a la libertad de circulación de las personas”, un reclamo que por otra parte están realizando otras comunidades autónomas y que, sin ningún atisbo de duda, volverá con más fuerza si verdaderamente el Gobierno pretende seguir prorrogando el estado de alarma hasta alcanzar la denominada ‘nueva normalidad’, prevista, en el mejor de los casos, para finales de junio.
Por último, el Gobierno ha anunciado que va a decretar el luto nacional por las más de 25.000 víctimas que deja el coronavirus en España cuando la mayor parte de los territorios estén ya en la denominada fase 1 de la desescalada. Ha sido el primer anuncio que ha hecho el presidente nada más subir a la tribuna de oradores del Congreso, añadiendo que, además, cuando termine la desescalada y se den las condiciones de salud pública se celebrará un homenaje en el que, ha dicho, el Ejecutivo lleva semanas trabajando y sobre el que ya ha informado al Jefe de Estado; algo que, por otra parte, también llevaban reclamándole desde la oposición.