El diputado del PP en el Congreso Ignacio Gil Lázaro ha acusado al presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, de "echar una mano al Gobierno" con su decisión de que sea el Pleno de la Sala de lo Penal el que decida sobre los recursos presentados por la Fiscalía para que no se procese por colaboración con banda armada al ex director general de la Policía Víctor García-Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector José María Ballesteros.

En declaraciones a Europa Press, el diputado 'popular' ha tildado de "ciertamente lamentable" la actuación de Gómez Bermúdez, al que ha afeado que intente "proteger los intereses políticos del Gobierno en este asunto".

Gómez Bermúdez ha decidido elevar el tema al Pleno de la Sala de lo Penal por su "complejidad e importancia jurídica", un argumento que Gil Lázaro rechaza de plano. En este punto, ha recordado que el propio Gómez Bermúdez reconoció en su sentencia sobre los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid que "no hace falta comulgar ideológicamente con la ideología de una organización terrorista para incurrir en el tipo de colaboración con banda armada".

"Eso es exactamente lo mismo que sostiene el juez Ruz en sus autos de procesamiento sobre el 'Caso Faisán', así que ¿dónde está esa complejidad técnica y jurídica a la que alude Gómez Bermúdez?", se pregunta el diputado del PP, quien cree que con esa "frase altisonante" probablemente lo que busca Gómez Bermúdez es "echar un cable de la enorme complejidad política y también penal con la que se enfrenta el Gobierno".

UTILIZACIÓN "VERGONZOSA" DE LA JUSTICIA

Además, Gil Lázaro ha acusado al Ejecutivo de pretender utilizar de forma "vergonzosa a la Justicia en beneficio propio" con el recurso de la Fiscalía, aunque para "tratar de minimizar los efectos penales del caso intentando que se les procese pero solo por revelación de secretos", haya reconocido "la existencia del soplo a ETA".

Desde su punto de vista, "esta artimaña implica un explicito reconocimiento de culpa política", por parte del Gobierno y, por tanto, es "urgente y necesario que, por higiene democrática", el ministro del Interior, Antonio Camacho, "presente urgentemente su dimisión".

"Y también --ha agregado-- que el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, comparezca ante la opinión pública, pida perdón y se vaya a su casa".