Hospitales abarrotados, UCIs saturadas, y gente muriendo en sus casas y en residencias de ancianos. Eran finales de marzo de 2020 y los días en los que la cifra de muertos confirmados por coronavirus superaba los 800. El 30 de marzo de 2020, España estaba encerrada en casa y el coronavirus, desatado, campando a sus anchas.

En pleno pico de la pandemia, no había nada que celebrar, o eso pensaba la mayoría. Porque Luis Medina y Alberto Luceño, dos empresarios que se conocían desde 15 años antes, sí estaban de enhorabuena. Habían firmado un suculento contrato con el Ayuntamiento de Madrid para venderle material sanitario. “A la saca”, escribía Luceño en un correo electrónico a su socio, que había conseguido que el Consistorio de Almeida les abriera la puerta.

Luis Medina era el “facilitador”, el que se puso en contacto al Ayuntamiento; Luceño era el que se iba a encargar “de todo”, de conseguir el material, y de tratar con los servicios municipales, en concreto con la responsable de compras, Elena Collado, que nunca sospechó que tenía delante de sus narices semejante negocio.

En marzo de 2021, ante el fiscal, admitía que nunca preguntó por comisiones y se planteaba que quizás debió hacerlo. Según ella, creía que “lo hacían por ayudar a Madrid”, como tantas personas que llamaban a diario para ofrecer ayuda. Había tantas, que cuando llegaron, “los metió en el mismo saco”.

Luis Medina y Alberto Luceño se conocían desde hacía 15 años, del ámbito del comercio internacional, aunque nunca hicieron nada juntos hasta el pelotazo de las mascarillas. Medina era un personaje conocido de la jet set, acostumbrado a llamar a puertas y a utilizar su condición de hijo del Duque de Feria y Naty Abascal. Luceño era un empresario que había vivido en China y tenía contactos allí.

Fue Luceño quien llamó a Medina y le dijo que él podía acceder a material sanitario de China. Así que le propuso que buscara un comprador, a cambio de una comisión.

Dicho y hecho, Medina buscó la forma de llegar al Ayuntamiento. Preguntó a la directora de su antigua universidad si conocía a alguien dentro, y ella le dio el teléfono de “Carlos”. Según explicó él, se trataba del “hermano del alcalde”, aunque todo apunta a que era un primo de José Luis Martínez Almeida. El caso es que “Carlos” puso en contacto a Luis Medina con Elena Collado, la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid.

Ante el fiscal, y como testigo, Collado dijo no recordar cómo le llegó el contacto. De lo que sí habló era de la desesperación de esos días en los que “todos los proveedores habían saltado por los aires”, hasta tal punto que el servicio de funerarias de Madrid había estado a punto de cerrar. Así que cualquier promesa de material sanitario era más que bienvenida.

Lo cierto es que la Fiscalía no ha propuesto como investigado a ningún miembro del Ayuntamiento. Su querella sí recoge que el contacto se hizo a través de un “familiar” de Almeida, que lleva días negando cualquier vinculación.

Almeida y Medina sostienen la misma versión, que no hay ninguna relación entre ellos, sólo admiten un mensaje de WhatsApp enviado por el alcalde para “agradecerle” la donación que hicieron de 285.000 mascarillas, ya después de haberse firmado el contrato.

Sin embargo, hay una discordancia de fechas entre esa versión y una conversación recogida en el sumario entre Alberto Luceño y Elena Collado. Es también a través de WhatsApp, y tiene lugar el 26 de marzo, al inicio de las negociaciones. A ella no le constaba la llamada, pero según él se produjo.

Las funciones se repartieron enseguida. Medina sólo tenía que hacer el contacto y del resto se encargaba Luceño, celoso de sus contactos en Asia y que no los compartía con nadie. Él era el único que hablaba con el fabricante, así que él pactaba los precios allí, y después se los “imponía” al Ayuntamiento, según el relato de la querella de Anticorrupción.

Además de los contactos, Alberto Luceño también se resistía a compartir toda la comisión, y como Medina estaba al margen, no tenía ni idea de que cobraba menos que su socio. De hecho, llegó a decirle al fiscal que le había “sorprendido” la citación, porque su comisión, de un millón de euros, era menos del 10% de la operación, y eso estaba “dentro de lo normal” en el mundo del comercio internacional.

Por su parte, Luceño se llevó cinco millones. Se describió a sí mismo como un “superprofesional” muy capaz de solventar problemas como los que se encontraron entre el Ayuntamiento y la empresa malaya.

Ante el fiscal, el 13 de abril de 2021, aseguró que se había enterado “la tarde anterior” de cuánto se había llevado Luceño.

Los dos exsocios, que según Medina no hablan desde hace dos años porque Alberto no le coge el teléfono, difieren sobre cómo se acordaron las comisiones.

Luis Medina le contó al fiscal que Luceño le dio a entender que la comisión se partiría en tres: una parte para cada uno de ellos y otra para el fabricante. Pero Luceño lo niega, dice que para empezar el fabricante no se lleva una comisión, simplemente marca el precio. Y, por otra parte, explica que él cobró por su trabajo. Eso sí, comisiones del 45% en el caso de las mascarillas y del 49% en el caso de los test. En los guantes iba a ser mucho mayor, pero las alertas saltaron en el Ayuntamiento de Madrid y él renunció a la comisión, según las sospechas de la Fiscalía, para ocultar el pelotazo.

Los contratos supusieron la compra por parte del Ayuntamiento de Madrid de un millón de mascarillas; 250.000 test de detección, y 2,5 millones de guantes.

Las mascarillas, según explicó Elena Collado en Anticorrupción, eran de una calidad “muy muy buena”, de grafeno. Fue el único material que no supuso ningún problema en ese punto, aunque los fiscales sí le ven pegas: se pagaron más de seis dólares por un producto que costaba algo más de dos. Por esa venta, Medina recibió su millón de dólares y Luceño tres millones. En total, se embolsaron cuatro millones de un contrato de seis.

Por los guantes, el Ayuntamiento pagó cinco millones de dólares. Pero al recibirlos, vieron que no tenían nada que ver con lo que se les había prometido. Ni eran de la calidad pactada, ni tenían la largura que se había solicitado, 40 cm. Calidad “ínfima”, dice la Fiscalía en su querella.

Los trabajadores del Ayuntamiento encontraron guantes similares a ocho céntimos en un supermercado de Madrid, después de haber pagado dos dólares por cada unidad.

Collado llamó a Luceño escandalizada y alarmada: “Nos han estafado”, le dijo a su interlocutor, que se puso manos a la obra para solventar el problema que se había encontrado. Escondiendo su comisión, le aseguró a ella que había conseguido rebajarlos de dos dólares a 0,39, y que fueron sus dotes de hombre de negocios “súperprofesional” lo que le sirvió para convencer al fabricante.

El fiscal, que insistió mucho en ese punto, explica en la querella que en realidad se limitó a eliminar la comisión y que, en realidad, el precio pactado con el fabricante siempre había sido de 0,39, todavía muchísimo más caro que el del supermercado.

En esa operación, según la fiscalía, se había acordado que él recibiría 2.925.000 dólares, y Medina 1.125.000. Sin embargo, nunca llegaron a cobrarla y se devolvieron al Ayuntamiento cuatro millones de dólares, de los cinco pagados.

Los test fueron otro fiasco, como queda claro en la querella: “De los 250.000, casi una cuarta parte (60.000) son inservibles por su reducido nivel de sensibilidad (66,7 %), y otra parte importante (115.000) son, cuando menos, también de dudosa eficacia por su bajo nivel de sensibilidad (80 %)”, escriben los fiscales.

El Ayuntamiento volvió a reclamar, pero esta vez Luceño no estaba dispuesto a perder la comisión. A Collado le dijo que la empresa no quería devolver el dinero esta vez, pero que enviarían una nueva remesa de reactivos. Además, eliminó la comisión de 925.000 dólares de Medina, que seguía ajeno a todo, se supone que para pagar esos reactivos. Sin embargo, nunca llegaron a destino, pero él cobró su comisión íntegra, 2,1 millones de euros. Es decir, que entre las mascarillas y los test se hizo con 5,1 millones de euros, y habrían sido ocho millones, si no llega a ser por los guantes.

Con el dinero en la mano, ambos socios empezaron a gastar. La lista de la compra de Luceño incluía Ferraris, Lamborghinis y una serie de coches de la gama más alta, que ponía a nombre de una sociedad creada ad hoc y con la que pretendía evadir impuestos. También compró una casa en Pozuelo de Alarcón, Madrid, por un millón de euros.

Medina optó por un yate, al que bautizó como Feria, y que le costó 325.000 euros. Además, constituyó una empresa con su hermano en Gibraltar y compró dos paquetes de bonos, a 200.000 euros cada uno.

Pero al hijo del Duque de Feria el dinero le duró poco, al menos aparentemente. Según él mismo, el yate está confiscado; en cuanto al resto del dinero recibido, no se sabe dónde está. El juez ordenó la semana pasada embargar sus bienes, pero se encontró una cuenta con sólo 247 euros.

El 25 de abril, los dos tendrán que volver a explicarse, esta vez ante el juez Adolfo Carretero, que admitió a trámite la querella, justo dos años después de que se firmaran los contratos de marras.