El asunto procede de la investigación que el ahora suspendido juez Baltasar Garzón realizaba de la red de extorsión de ETA con base en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), cuyo propietario, Joseba Elosúa, fue quien recibió el aviso que le alertaba de una redada.La filtración fue desgajada de la investigación y comenzó a ser investigada en sus inicios por el juez Fernando Grande-Marlaska, que había sustituido a Garzón cuando éste se tomó un periodo sabático para estudiar y dar cursos en la Universidad de Nueva York.
Apenas un mes después del "chivatazo", en junio de 2006, Garzón volvió de EE.UU. y retomó la causa, aunque ésta se mantuvo prácticamente paralizada hasta que a finales de 2009 se levantó el secreto de las actuaciones y la Fiscalía solicitó su sobreseimiento por entender que no existían datos que demostraran "de forma inexorable" la tesis de los investigadores.
Según ésta tesis inicial, el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo habría ordenado que la información sobre la operación llegara al propietario del bar 'Faisán' de Irún, Joseba Elosuaa, mediante una llamada que el jefe Superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés realizó al inspector de Álava, que podría ser el inspector José María Ballesteros, quien se desplazó personalmente al bar Faisán.
Para la Fiscalía, sin embargo, a esas alturas de la investigación, las comunicaciones telefónicas no habían proporcionado "ningún resultado positivo", y la tesis no había sido avalada ni por la confesión de los tres imputados ni por Elosua como testigo.
Ante la falta de respuesta por parte de Garzón a este requerimiento de la Fiscalía, asociaciones de víctimas personadas como Dignidad y Justicia solicitaron determinadas diligencias, que el juez rechazó.
El asunto pasó entonces a la Sala de lo Penal, que el 15 de febrero de 2010 ordenó al entonces titular del Juzgado de Instrucción número 5 que practicara las diligencias, entre las que se encontraba la de solicitar a las autoridades francesas la documentación sobre las llamadas realizadas desde una cabina telefónica por el dueño del bar Faisán de Irún.
El caso entró entonces en una nueva fase de paralización hasta que fue reactivado en enero de 2011 por el juez Pablo Ruz, que sustituyó a Garzón después de que éste fuera suspendido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ruz ordenó seis nuevas diligencias, entre ellas una dirigida a los responsables de la investigación policial interna por los cortes que tenía el vídeo que ofrecía las imágenes del establecimiento de Irún donde se produjo el "chivatazo".
Lejos de resolver sobre la petición de archivo de la Fiscalía, Ruz transformó en sumario las diligencias previas que tenía abiertas contra los tres cargos policiales imputados en la causa por los supuestos delitos de revelación de secretos por parte de autoridad o funcionario público (penado con hasta tres años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (castigada con un máximo de diez).
Posteriormente, el caso tomó un nuevo impulso y en marzo de este año el juez Ruz levantaba el secreto que aún existía sobre una parte del sumario tras haber comprobado que el inspector José María Ballesteros, imputado en la causa, aparece en tres momentos distintos en la grabación que se hizo el 4 de mayo de 2006 frente al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa).
Ballesteros admitió en una declaración su "presencia física en la totalidad de las imágenes", que fueron aportadas por el equipo conjunto de investigación dirigido por Carlos Germán y están comprendidas entre las 11.00 y las 12.00 horas del día en el que se produjo el soplo policial, según consta en un auto dictado este lunes por el juez Ruz.
También a finales de marzo, Ruz levantó el secreto que pesaba sobre nueve folios de la comisión rogatoria que remitió a su juzgado la juez antiterrorrista francesa Laurence Le Vert en el marco de la investigación del chivatazo.
El pasado 13 de julio el juez Ruz procesó ex director general de la Policía Victor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector José María Ballesteros por por los delitos de colaboración con organización terrorista o encubrimiento y revelación de secretos.
La Fiscalía cambió entonces de criterio y se posicionó a favor de que la causa se enviara a un juzgado de Irún al entender que los procesados podrían haber delinquido pero no tenían intención de "ayudar a ETA" sino que perseguían otras motivaciones, por lo que no podía aplicarse a su caso el delito de colaboración con la banda.
Finalmente, los 14 magistrados que componen la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional han acordado revocar parcialmente el auto de procesamiento al entender que no hay "indicios suficientes de delito". La causa vuelve así al juez Ruz, para que amplíe la investigación y realice más diligencias o finalmente la archive.
Causa paralizada por falta de respuestas
Levantado el secreto de sumario
Altos cargos procesados