La capitalidad beneficia a Madrid con 150.000 empleos públicos, el doble de lo que le correspondería por población

Nueva batalla entre Gobierno central y Comunidad de Madrid. Esta vez no es ni por los impuestos ni por las restricciones por la pandemia, sino por las ventajas que supone para Madrid el efecto capitalidad. Y más en concreto, por lo que reporta a Madrid contar con una cuarta parte de todos los funcionarios del Estado.

Uno de cada tres empleados públicos en Madrid trabaja para al Administración central, un porcentaje que duplica la media española y es muy superior al de cualquier otra comunidad sea de la España vacía o de la periférica.

Pedro Sánchez reafirmaba este domingo en un acto del PSOE en Ponferrada (León) su compromiso de avanzar en la descentralización de instituciones estatales. Una petición que le llega desde varias autonomías como la valenciana dirigida por Ximo Puig a la cántabra de Miguel Ángel Revilla. "Es un debate sano y necesario", señalaba el presidente.

Sin embargo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado contrariada con las palabras de Sánchez, en un enésimo choque entre el gobierno regional y el central. Le ha echado en cara este lunes que "la izquierda da por pérdida Madrid y por lo tanto lo que pretende es descapitalizarla buscando votos en otros territorios". "Destrozar Madrid es destrozar España", ha manifestado.

En respuesta, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha acusado a Ayuso tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros de buscar la confrontación permanente con el Ejecutivo. Sobre la apertura de sedes fuera de Madrid ha apuntado que "significa hacer más grande España si conseguimos compartir el Estado hasta el último rincón de nuestro país".

Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Qué porcentaje de empleados públicos estatales trabajan en Madrid? En un sistema más "federal", ¿cuántos le corresponderían?

Madrid acapara los empleos públicos

Un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas señala que Madrid tiene un porcentaje de empleados públicos que dobla el peso de su población en España. La investigación fue encargada por la Generalitat valenciana que, con Ximo Puig al frente, se ha convertido en una de las más activas a la hora de denunciar las ventajas con las que cuenta la capital de España.

Si la población de Madrid representa un 14% de la española, los funcionarios que viven en la capital suponen un 29% del total del Estado, según datos de 2019 que maneja este estudio. Son 150.000 de un total de medio millón largo. Casi uno de cada tres empleados de la administración del Estado trabaja en Madrid.

"Esta es una primera aproximación al efecto que la capitalidad tiene sobre el empleo público en Madrid: representa un plus de al menos unos 75.000 empleados públicos más que, con sus familias, suponen unas 200.000 personas", detallan los autores del estudio.

El peso que el sector público estatal tiene en Madrid "casi dobla la media española", se sitúan en un 38% de todo el empleo público madrileño; es decir, más de uno de cada tres empleados públicos en Madrid, trabaja para la Administración central.

No se trata sólo de ministerios, pese a que los servicios centrales de 15 de 17 ministerios concentran al 100% de sus trabajadores en Madrid. También están sólo en Madrid la totalidad de los empleados de 42 instituciones, "a pesar de que no sería necesaria esa concentración para el desarrollo de la actividad del organismo". Desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria al Instituto de Salud Carlos III, desde la Agencia Española del Medicamento a la Oficina de Patentes.

"Esta práctica de concentración en Madrid supone una importante creación de empleo en la comunidad que ostenta la capitalidad, pues en total suman 7.492 efectivos, la mayoría de ellos con elevado nivel de cualificación", subrayan los autores del estudio y esto hace más rica a la capital porque "los salarios medios de estos trabajadores son más elevados y también sus bases de cotización y pensiones posteriores".

Las escasas sedes estatales fuera de Madrid

También se concentran la capital las sedes centrales de la práctica totalidad las autoridades económicas y reguladoras: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), etc.

Es cierto que algunos centros estatales de menor peso se encuentran fuera de la capital, como ha recordado Isabel Rodríguez este lunes. Por ejemplo, el centro de capacidades digitales de Renfe en Miranda de Ebro (Burgos) o el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) en León. El primero comenzó a funcionar en junio de este año, con una veintena de trabajadores, aunque el Gobierno aspira a que se creen entre 105 y 120 puestos en la zona. El segundo lleva ubicado en León desde 2008, apenas dos años después de su creación.

También hay planes futuros para que el centro de procesamiento de datos de la Seguridad Social se establezca en Soria. Uno de los motivos principales es revitalizar la zona: Soria es la provincia menos poblada y una de las más envejecidas del país. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, apuntaba en una visita a la sede actual que la nueva ubicación supone poner en marcha "un programa que es digital, es verde y ayuda a vertebrar el territorio".

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el intento fallido

Este debate en torno a la descentralización no es nada nuevo. De hecho, ya se ha intentado anteriormente. El ejemplo más claro fue el fallido intento de trasladar la sede de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona.

El organismo tuvo su sede en Madrid hasta que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió su traslado a la Ciudad Condal por lo que muchos tacharon de "razones políticas". El acuerdo de descentralización se cerró con Pasqual Maragall, que en aquel momento dirigía la Generalitat. El traslado se produjo a lo largo de 2005, con un coste que se cifró en más de 18 millones de euros. El entonces presidente de la CMT, Carlos Bustelo, dimitió de su puesto "ante las dificultades opuestas para llevar a cabo el complejo y delicado proceso".

Al año siguiente, el Tribunal Supremo anuló la mudanza, tras los recursos presentados por algunos trabajadores y la Comunidad de Madrid. Aunque durante unos años la sede estuvo ubicada en el distrito tecnológico 22@. Al final, en 2013, la CMT se acabó integrando en la CNMC, cuya base de operaciones ahora se reparte entre Madrid y Barcelona.