La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha mostrado este viernes el compromiso del Ejecutivo central por cambiar normativas urbanísticas y administrativas para tratar de agilizar la reconstrucción en La Palma una vez acabe la erupción volcánica.

En una rueda de prensa celebrada en la capital palmera tras reunirse con las autoridades locales y regionales, ha dicho que se ha creado un grupo de trabajo liderado por el Gobierno canario para que, "con esfuerzo creativo", se busque la manera de agilizar plazos en diversos campos.

Así, ha dejado claro que "el problema no puede ser la burocracia" si bien ha reconocido que hay ciertos trámites que se tienen que "cumplir" porque se manejan muchos recursos económicos públicos y todo se debe manejar con la mayor "transparencia".

Al igual que el resto de ministros, ha destacado la "coordinación" entre administraciones para afrontar la emergencia y la reconstrucción, algo que hace "más fuertes" a las instituciones públicas y da "seguridad" a los ciudadanos.

En esa línea, ha mostrado su "admiración profunda" por el Cabildo de La Palma y los alcaldes de los tres municipios afectados --Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte-- pues "son pieza fundamental" del Estado y "han tenido preocuación" por el discurrir de la erupción.

Rodríguez ha resaltado también que la gestión de la emergencia ha sido "exitosa" por esa colaboración administrativa y también por la comunión con la comunidad científica, y espera que siga así para lanzar la reconstrucción. "Nos dimos la mano al principio de la emergencia y no la vamos a soltar", ha señalado.

La ministra ha advertido de que "esto acabará cuando se recupere la vida y la normalidad" de los ciudadanos y no se trata solo de aportar ayudas o inversiones en infraestructuras sino de "la voluntad de participar en la recuperación", de ahí que haya una "relación intensa" incluso entre todas las áreas del Gobierno.

En ese sentido, ha anunciado que a comienzos de la próxima semana su ministerio transferirá al Cabildo de La Palma una primera partida de 500.000 euros --de un fondo de 38 millones-- para ayudar en los primeros costes relacionados con las carreteras.

Ha dicho que el Ejecutivo tiene "la voluntad es hacer todo lo posible para dar una respuesta ágil" a las necesidades de los ciudadanos y ha puesto como ejemplo las medidas tomadas durante la pandemia para hacer frente a los efectos de la covid-19.

De esta forma, ha dicho que las administraciones serán capaces de "armar" nuevos mecanismos que permitirán agilizar los trámites y así "gestionar el mañana" en la isla, con nuevas normas urbanísticas y la promoción del territorio para ganar en "oportunidades".

El consejero de Seguridad y portavoz del Gobierno canario, Julio Pérez, ha mostrado el "pleno respaldo" del Ejecutivo a las peticiones del Cabildo y los ayuntamientos y valorado que los ciudadanos perciban que las administraciones están "juntas" para afrontar la emergencia y la reconstrucción.

Por ello, ha comentado que "es necesario generar normas legales para tener procedimientos más rápidos y eficaces" y así, aparte de que haya cantidades económicas, que es importante, poder "sembrar esperanza" entre los ciudadanos y "aligerar" la reconstrucción.

No obstante, ha apuntado que "es imposible fijar plazos" porque hay que darle una vuelta a las normas urbanísticas, ambientales y administrativas y sin "ideas preoconcebidas", poniendo como ejemplo que "a lo mejor la lava no es intocable".

Según Pérez, "frente al terrible impacto de la erupción no podemos responder con la normalidad habitual, hace falta una legislación de emergencia para la reconstrucción".

El presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández, ha valorado también el "compromiso" del Estado con la reconstrucción en uno días "duros" a raíz de la llegada de la lava al barrio de La Laguna y espera que los nuevos núcleos que se creen tras la erupción mantengan el "arraigo" de las personas afectadas.

Ha demandado a la ministra la necesidad de disponer de más personal en las administraciones y más liquidez económica y una "reformulación" de la normativa urbanística para poder reconstruir las zonas afectadas y dar "soluciones de emergencia" a los vecinos.