El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha advertido de que la Guardia Civil, como policía judicial, "no puede rendir cuentas ante el ministro del Interior", Fernando Grande-Marlaska, y ha avisado de que puede ser "incluso constitutivo de delito".

Edmundo Bal ha asegurado que "es muy peliagudo interferir en la investigación de un juez", en concreto en la que investiga la posible incidencia de la manifestación del 8-M en Madrid en la pandemia por COVID-19, Carmen Rodríguez-Medel.

El dirigente de la formación naranja se ha expresado así tras ser preguntado en TV3 sobre el cese "por pérdida de confianza" al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos. Sectores del Instituto Armado relacionan el cese con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del responsable del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ante la pandemia de Covid-19.

"No es el momento de hacer calificaciones pero a bote pronto y conociendo los hechos de manera superficial, hasta que Marlaska no señale las verdaderas causas (del cese), la instrucción de causas penales señalada por la ley en articulo 301 es secreta. Una revelación de secretos daría materia para realizar una investigación por perpetración de delito", ha advertido.

La propia Rodríguez-Medel remitió una carta a la Secretaría de Estado de Seguridad recordando que desde que inició esta investigación dio orden expresa a la Guardia Civil, que actúa como policía judicial en la causa, de "guardar rigurosa reserva" sobre las investigaciones encomendadas, y advierte de que la infracción de dicho deber puede llevar a dar lugar a responsabilidades penales.

En esta línea, Bal ha sostenido que el cese de Pérez de los Cobos se "arregla de manera estereotipada" y sin "contenido porque la confianza es subjetiva". "Precisamente preguntándomelo a mí se imagina que me resulta similar el cese por causa de confianza", ha señalado el abogado del Estado.

Bal, que defendió acusar por el delito de rebelión a los líderes independentistas, fue destituido por el Gobierno como jefe de lo Penal de los servicios jurídicos del Estado al oponerse al criterio de acusar a los líderes del 'procés' por el delito de sedición.

"Deben explicar las cosas teniendo en cuenta que nos parece preocupante en el momento en que nos encontramos. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están haciendo una labor encomiable en el territorio nacional haciendo cumplir las restricciones sanitarias", ha apuntado, para después señalar que no le parece "lo más oportuno" el cese del coronel.