{{#section.link.href}}
{{section.link.title}}
{{/section.link.href}}
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal investigará al ciudadano español Manuel Terrén Parcerisas por su presunta participación en el comercio de diamantes de sangre en Sierra Leona a raíz de una querella presentada por uno de los trabajadores que se habrían dedicado a la extracción del preciado mineral en Tombodu.
Tras la admisión de ese escrito, presentado el pasado mes de septiembre, el responsable del Juzgado Central de Instrucción Número 1 ha acordado tomar declaración el próximo 7 de febrero a partir de las 10.00 horas al denunciante, el ciudadano de Sierra Leona Ahia Ngekia, y a los testigos Luis Bielsa, Joan Aamarra, Ramón Terrén y Josep Lluis Buch. Por su parte, Manuel Terrén está afincado en Brasil.
Y todo ello, según se desprende de la querella, por el papel "clave" que Manuel Terrén habría jugado junto a otros empresarios, apoyando a través del Grupo Orfund el esfuerzo mediante el comercio y la compra de diamantes, permitiendo a las facciones armadas obtener armas y municiones. Los hechos que se le imputan podrían ser constitutivos de delitos de lesa humanidad y organización criminal.
En la misma, el querellante describe que fue obligado a trabajar día y noche junto a otros 300 civiles en condiciones inhumanas para la extracción del mineral. Durante los trabajos, Ngekia presenció la muerte de tres de sus compañeros.
Uno de ellos habría sido asesinado después de que los militares pensaran que iba a escapar. Dos de ellos habrían fallecido de agotamiento. El querellante, además, también tuvo que trabajar en el derribo de un puente para facilitar el trabajo en las minas.
El escrito también recuerda y detalla el papel que el expresidente de Liberia Charles Taylor habría tenido entre 1997 y 2003, y por lo que fue condenado a 50 años de prisión. En concreto, por haber prestado asistencia al Frente Revolucionario Unido (FRU) en sus actividades mineras.
Así, Taylor habría recibido diamantes del grupo armado a cambio de armamento y conectado a empresarios con el propio Frente con el propósito de establecer acuerdos para la compraventa de material bélico.
La querella recoge en este punto que la conexión en Liberia --a través de Taylor-- con el comercio de diamantes con el FRU fue denunciada no solo por el Tribunal Especial para Sierra Leona, sino también por la Organización de las Naciones Unidas a través de varias resoluciones e informes.
El magistrado ha acordado estas citaciones a raíz de la querella presentada en septiembre del pasado año, aunque las diligencias vienen de lejos en la Audiencia Nacional. Las actuaciones por materias de esta índole fueron archivadas en julio de 2020, una resolución confirmada por aquel entonces por la Sala de lo Penal.
Esta nueva querella, sin embargo, puede "permitir la identificación de los responsables de los hechos denunciados, la concreción de los mismos y la averiguación de las circunstancias que rodearon su comisión", lo que lleva al magistrado a la reapertura de esas diligencias previas.