La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha lamentado que el Congreso de los Diputados no vaya a condenar el próximo 18 de julio la dictadura franquista y ha criticado, en concreto, que su presidente, José Bono, ni siquiera se haya "dignado" a contestar su petición para celebrar un acto de reparación con las víctimas en el Pleno de la Cámara.
Según ha recordado el citado colectivo, desde la muerte del dictador, Francisco Franco, el Parlamento sólo ha llevado a cabo un condena, realizada por "un pequeño grupo" de parlamentarios en la Comisión Constitucional del Congreso.
De ahí que la citada Asociación quisiera aprovechar el 75 aniversario del golpe de Estado franquista para celebrar en la Cámara Baja un acto en el que se emitiera a la sociedad un mensaje de rechazo de la violencia y del uso de la misma para la conquista del poder político.
BONO NO DA EL MISMO TRATO A TODAS LAS VÍCTIMAS
El colectivo lamenta que Bono haya conmemorado el Holocausto y el día de las víctimas del terrorismo --incluso ha recordado recientemente a 'los últimos de Filipinas'-- y que no haya dado "el mismo trato" a las víctimas de "la mayor violencia padecida por nuestra sociedad", a las que ni siquiera, insiste la asociación, ha respondido.
"Es incomprensible la discriminación de familias que han padecido el delito más grave que existe según el derecho penal internacional: desaparición forzada, secuestro, torturas, asesinato y ocultación del cadáver", reza el comunicado de la ARMH.
En su petición, el colectivo argumentaba que no podía entender que un Estado que exige la condena de otras violencias no lo haya hecho con la violencia franquista, "la más dañina de nuestra historia", cuando todavía siguen "pagando" sus consecuencias miles de familias de los 113.000 desaparecidos que todavía se encuentran en fosas comunes.
ES INCOMPRENSIBLE
Esta solicitud reclamaba también la retirada de los cuadros de los tres presidentes de las cortes franquistas, que, según se argumenta, ocuparon ese puesto gracias al uso de la fuerza que llevaron a cabo los sublevados desde el 18 de julio de 1936 hasta la transición.
"No es comprensible que el mismo Estado que toma medidas policiales y judiciales contra el enaltecimiento de unas violencias consienta en dar un lugar preferente, dentro de espacio dedicado a la representación de la soberanía popular, a quienes alentaron, justificaron y se aprovecharon del mayor proceso de violencia política que hemos conocido", concluye.