El presidente de la Asociación de Escoltas en Activo del País Vasco y Navarra, Santiago Fontenla, ha anunciado que emprenderá "acciones legales" contra el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y su equipo si se produce cualquier tipo de "agresión o ataque a cualquiera de nuestros protegidos". Asimismo, ha calificado de "precipitada" la reducción en los servicios de escolta iniciada por el Gobierno vasco.
A la finalización de una reunión mantenida en Bilbao entre representantes de la asociación y el consejero de Interior para analizar "la situación de incertidumbre" generada tras la decisión del Ejecutivo de desdoblar los servicios de protección, Fontenla ha reconocido su "decepción" y ha advertido de que con ETA "no caben ni las alegrías ni los descuidos".
"Mientras que nosotros seguimos manteniendo nuestro nivel de alerta al cien por cien entendemos que desde la administración quizá no se ha actuado como se debía", ha señalado, para añadir que ha sido el consejero de Interior el responsable de las medidas de retirada de protección y, como tal, si "pasara algo, se lo íbamos a exigir". "Nos ha respondido que tiene que dormir todas las noches con este tema en la cabeza y duerme bien", ha añadido Fontenla.
Tras anunciar que la asociación ha contratado los servicios de un bufete de abogados, Fontenla ha indicado que si se produce cualquier "agresión o ataque" contra "cualquiera de nuestros protegidos" emprenderán acciones judiciales.
"Si sucede cualquier cosa vamos a iniciar acciones legales contra el consejero y también contra su equipo, contra quien haya firmado cualquier análisis de riesgo que sea responsable de la retirada de protección a nuestros protegidos", ha añadido.
Desde la asociación se ha negado que quieran ser "ciudadanos privilegiados", pero han indicado que tras la reunión de este lunes "hemos salido con la impresión de que no tenemos demasiadas posibilidades en cuanto a los extremos de poder acceder al mercado laboral con el apoyo del Gobierno vasco".
PROPUESTAS
Según ha informado Fontenla, durante la reunión han propuesto a Rodolfo Ares hacerse cargo de "muchos de los servicios que está llevando a cabo la Ertzaintza en el País Vasco", salvo en lo referido a la "protección de altos cargos", así como que los servicios de vigilancia que el Ejecutivo va a poner en marcha se adjudiquen "por invitación" a las empresas que ya están trabajando en Euskadi.
Asimismo, han pedido al Ejecutivo vasco que actúe de "enlace" con el Gobierno de Madrid para que los servicios de protección por violencia de género "se generalicen" en todo el país. Tras recordar que ningún escolta privado ha perdido nunca un protegido, Fontenla ha mostrado su deseo de que "esa efectividad se traslade de los amenazados por ETA a los amenazados por la violencia de género".
"Este tipo de reuniones siempre son todo buenas palabras, pero al final uno se va con la sensación de que se las lleva el viento", ha proseguido, para añadir que desde la asociación "esperábamos más de aquellos a los que hemos defendido y por los que muchas veces nos hemos jugado la vida".
Fontenla ha reconocido también que desde el colectivo "estamos decepcionados" porque no entienden cómo Policía Nacional, Guardia Civil y Ertzaintza, cuando los servicios de protección se reducen, siguen trabajando y nosotros nos vemos con despidos masivos y EREs de forma escalonada y por la parte de atrás".
"Hemos salido con la misma incertidumbre que hemos llegado y no sabemos qué es lo que va a pasar, aunque sí es cierto que nos han confirmado que los servicios de protección van a mantenerse sin reducciones sensibles hasta mayo", ha expresado, al tiempo que ha añadido que "seguiremos intentando que se reconozcan nuestros derechos laborales".
Según los datos que maneja la Asociación de Escoltas en Activo, la reducción de servicios va a provocar alrededor de 500 despidos en País Vasco y Navarra para un colectivo de 1.700 trabajadores y sólo en Vizcaya se habrían producido este mes de septiembre alrededor de 40 despidos.