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Primero fue la pieza central del caso Gürtel; después, la reforma de la sede de Génova pagada parcialmente con fondos de la Caja B; y ahora, la tercera condena al PP en el marco del caso Gürtel, esta vez por los negocios en Boadilla del Monte, Madrid. El Partido Popular queda condenado como partícipe a título lucrativo y tendrá que pagar 204.198 euros.
La sentencia, a la que ha accedido NIUS, llega tras un juicio en la que buena parte de los acusados aceptaron los hechos, establece que el partido y el grupo de Francisco Correa establecieron una dinámica de "beneficio mutuo" en la que la trama sustituyó a la administración.
Además, vuelve a señalar que en el PP hubo una financiación irregular con fondos ilícitos que provenían de "conductas delictivas".
A la condena económica al PP hay que sumar la de 36 años y 11 meses de cárcel que recibe Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla a quien la gente de Correa llamaba albondiguilla, o los 13 años y medio que recaen en los cabecillas de Gürtel, Francisco Correa y y Pablo Crespo.
En 333 páginas, los jueces dan por acreditado que " a través de favores, agasajos y obsequios", Correa fue ganándose la voluntad de los políticos "integrándolos en el entramado criminal" para poder "disponer del patrimonio público a su criterio y en beneficio de sus propios intereses personales".
Así sucedió -dice la Sentencia- con el exalcalde de Boadilla, uno los que permitió a la trama hacerse con el poder en el ayuntamiento que acabó manipulando contrataciones públicas que le favorecían, a él y a sus negocios.
Para Correa, Crespo, José Luis Izquierdo, Isabel Jordán, o algunos constructores y políticos, como el exdiputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor, la sala ha aplicado un atenuante "muy cualificado" por facilitar información.
Además, en el caso de los dos cabecillas de la trama, los magistrados destacan el "cambio de actitud" por haber pagar las responsabilidades civiles, colaborar en la repatriación de sus cuentas en Suiza.
Los condenados que están en libertad tendrán que acudir la próxima semana a la Audiencia Nacional para que se les notifique la sentencia. En algunos casos, como el de González Panero, podría producirse el ingreso en prisión, como ocurrió tras la sentencia por la pieza principal del caso Gürtel.
A quien no le han valido las confesiones emitidas a la Audiencia es al exalcalde de Boadilla, que es condenado por 18 delitos. En la lista, asociación ilícita, cohecho pasivo continuado, prevarlcación continuada, fraude a las administraciones públicas, malversaclón continuada, trafico de influencias, falsedad documental o blanqueo de capitales.
Además de los 36 años de cárcel, le imponen nueve años de inhabilitación por cada delito y multas de más de seis millones y medio de euros.
Eso sí, se le absuelve de los delitos contra la Hacienda Publica e Insolvencia Punible, porque quedan subsumidos en el de blanqueo de capitales.
En cuanto a la condena al PP, la sentencia considera que se lucró con los ilícitos recibidos durante las precampañas y campañas municipales los años 2003 y 2007.
Parte de los actos de esas campañas fueron pagados con el dinero corrupto del entramado y no con el del partido, que se dopó de cara a las citas electorales.
La sentencia se asienta sobre la del 17 de mayo, por el caso central Gürtel, que después fue confirmada por el Tribunal Supremo. En aquel caso, los jueces hablaron de la relación "simbiótica" del partido y del grupo Correa.
En aquel caso, el PP fue condenado por el dinero que se ahorró en actos de Majadahonda y Pozuelo. Fue precisamente lo ocurrido en Majadahonda lo que llevó el caso a los tribunales, tras la denuncia del exconcejal arrepentido, y ahora indultado, José Luis Peñas. Él fue uno de los políticos tocados y beneficiados por la trama, pero empezó a grabarlo todo y lo denunció, dando lugar a la operación Gürtel, hace ya 14 años.
La asociación entre Correa y el exalcalde de Boadilla se selló en 2001 y duró hasta 2009. Las dos partes se lucraban a través de adjudicaciones de obras o contrataciones directas a las empresas Gürtel, o a otras empresas designadas por el propio Correa.
Esas empresas pagaban una comisión que se repartí a con los cargos públicos del Ayuntamiento y de la Empresa Municipal de Vivienda. También se destinaba una parte al pago de facturas para actos, eventos y gastos del PP.