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"Todo se resume en que Javier Ortega pueda circular con su vehículo por Gran Vía". La frase es del alcalde de Madrid, José Luis Almeida, en su intento de ridiculizar las pretensiones con las que el portavoz municipal de Vox se presentó ante él para negociar los presupuestos de la capital para 2022, contra los que finalmente votará en contra y presentará una enmienda a la totalidad.
Vox, vino a decir el alcalde, solo tiene una idea entre ceja y ceja: acabar con el Madrid Central que puso en marcha Manuela Carmena, luego reconvertido, que no eliminado del todo, por el actual equipo de gobierno del PP. Para Vox es poco menos que una obsesión. Lo ha planteado como un sí o sí, y cabe que no sea otra cosa que una coartada para justificar su ruptura con Almeida, por razones que van más allá de las cuentas del año que viene, dado el hecho que lo que pide no es que sea difícil, es como quien dice casi imposible.
La petición, más bien exigencia, de los de Abascal rema a la contra en todos lo terrenos. Va contra la voluntad política del propio alcalde, que tuneó lo de Madrid Centraltuneó por una fórmula light pero similar como es Distrito Centro. Va contra el signo de los tiempos, en los que la consigna planetaria es reducir las emisiones, la movilidad sostenible y todo lo que lleve a combatir el cambio climático. Y choca especialmente, y esto es lo esencial, contra el muro de la legislación. La española y, por extensión, de las directrices europeas.
La ley 7/2021 de 20 mayo sobre Cambio climático y Transición energética, dice en concreto en su título IV, artículo 14, punto tercero: "Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad". La primera de esas medidas es "el establecimiento de zonas de bajas emisiones antes de 2023".
Así pues, y de acuerdo a esta ley, de aquí a un año no se podrá no tener una zona de bajas emisiones en una ciudad como Madrid, que es lo que venía a ser Madrid Central y lo que es ahora la Zona de Bajas Emisiones de Especial Protección del Distrito Centro, así bautizó Almeida su ordenanza.
La obligación, es cierto, entra en vigor en 2023. Pero sería difícilmente sostenible para cualquier gobierno, incluido el de Almeida, eliminar una medida que vas a tener que aplicar a la vuelta de unos meses. Más aún cuando acabas de apostar, de una manera u otra, por su continuidad, como es el caso. Por cierto, el cambio de nombre de Madrid Central a Distrito Centro costó cerca de 200.000 euros en cartelería señalización y demás.
Para complementar esa ley, y de acuerdo con la Federación Española de Municipios, el Ministerio de Transición Ecológica elaboró una guía para el diseño de esas zonas de bajas emisiones (ZBE) que no determina el espacio concreto que deben ocupar de cada municipio, pero sí explica que deberá ser "significativa y suficiente para el cumplimiento de los objetivos". Lo mismo que pide para la selección de vehículos a los que deben afectar las restricciones. Tampoco precisa cuáles deben ser pero eso sí, recalca esta guía que se debe dar "prioridad al peatón, a la movilidad activa y al transporte público por delante del vehículo privado", y también dar trato de favor a los "vehículos con emisiones bajas y, preferentemente, nulas".
En el terreno legislativo, los impulsores de Madrid central han argumentado de siempre, además, que su implantación tuvo el aval de Europa en la medida en que contribuía a acercarse a los estándares de emisiones marcados por la Unión y la Organización de la Salud. En el marco comunitario no hay una pauta concreta sobre cómo proceder o no a las restricciones de movilidad, pero sí unos valores límite de emisiones que en caso de superarlos acarrean una multa.
En Madrid, y según datos que aparecen en la memoria de la ordenanza dictada por Almeida, los niveles más altos de contaminación se dan "en el centro de la ciudad y muy especialmente en zonas relacionadas con las vías principales como el de la Castellana, Calle 30 y M-40”. Y en este ámbito, en la llamada almendra central está la Gran Vía por la que a Ortega Smith, según el alcalde, le gustaría circular libremente con si vehículo. No parece que vaya a poder ser.
Lo curioso es que Madrid Central, y a tenor de los comentarios que se han cruzado Almeida y Ortega Smith este jueves tras su intento de negociación, se ha convertido en una línea divisoria entre ambos cuando empezó siendo un enemigo común. Tanto Vox como el PP, y también Ciudadanos, se opusieron a la medida cuando la puso en marcha la corporación de Carmena, de Más Madrid. Los populares la llevaron incluso a los tribunales.
Con el tiempo, sin embargo, el PP y Ciudadanos que ahora están juntos en el Gobierno optaron por la vía pragmática: cuando tuvieron oportunidad, y el Supremo incluso avaló la demanda del PP, decidieron no acabar del todo con las restricciones, sino impulsar su propio madridcentral La nueva ordenanza mantiene, por ejemplo, el perímetro anterior, con algunos cambios. Los principales son la concesión a los dueños de negocios de los mismos derechos que tenían los residentes; la moratoria de la restricción prevista para vehículos pesados de reparto, o la ampliación del tiempo de circulación por el centro para los moteros.
Todo insuficiente para Vox, contrario a las zonas de bajas emisiones, ni en versión dura ni edulcorada. Ortega Smith -que, según Almeida, lo que quiere es circular por Gran Vía con su vehículo- ha hecho del asunto su apuesta a todo o nada contra el alcalde y sus presupuestos.