El abogado Javier Cremades, responsable de la demanda presentada en nombre de los viajeros afectados por el abandono de sus puestos de trabajo de los controladores aéreos durante los pasados 3 y 4 de diciembre, ha explicado este martes, tras intervenir en los Cursos de verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid, que, una vez agotado el proceso por la vía administrativa, dependiente de AENA, "se abrirá la vía contencioso-administrativa" para que la causa sea juzgada por un juez.
Así, Cremades, que ha recordado que la semana que viene su bufete presentará "una solicitud a AENA por más de 5.000 personas para reclamar daños y perjuicios y una indemnización de 10.000 euros" por cada pasajero, mientras que otro grupo similar lo hará en septiembre, ha valorado esta serie inicial de acciones como un simple intento de "lograr un resarcimiento" por la vía administrativa.
"Estamos en una situación procesal que es la de toma de declaración a los imputados y hay un procedimiento penal abierto, el cual, por otro lado, servirá para pedir responsabilidades penales y civiles a los controladores en el futuro. Tenemos también abierta una vía jurisdiccional-administrativa ante AENA para reclamar la indemnización correspondiente también a ellos", ha planteado.
No obstante, en este sentido, ha apuntado que no se esperan resultados, puesto que "es la propia AENA la que tiene que resolver sobre su contabilidad". "Eso será difícil", ha dicho, al tiempo que ha remarcado que, en todo caso, ya está todo preparado para acudir el próximo 3 de diciembre a los juzgados con el objetivo de abrir la vía contencioso-administrativa y que, de esa forma, "sea un juez quien acabe dictaminando si AENA fue o no responsable".
De esta forma, Cremades ha considerado que, desde luego, "el daño se produjo" y, por lo tanto, es importante que "esta vez" sí haya un respuesta y una reparación que "desincentive en el futuro a pequeños colectivos" que pretendan tomar de "rehenes" a los ciudadanos "por cuestiones laborales".
"No estamos ante el ejercicio legítimo del derecho de huelga. Estamos ante el abandono de un puesto de trabajo. No se declaró una huelga, no se tramitaron los expedientes necesarios. Básicamente, la gente dejó de ir a su trabajo y tuvo como consecuencia que un país entero quedó paralizado. 750.000 personas no pudieron ejercer su libertad de circulación", ha matizado.
Para el abogado, está claro quién tiene la responsabilidad porque "ya se han visto otros casos", como el del Metro de Madrid. Por ello, ha advertido de que, pasado el enfado inicial, y quedando la cosa "olvidada y difuminada" como suele ocurrir, lo que se está "incentivando" es que este tipo de acciones vuelvan a suceder, dada su "utilidad para resolver problemas laborales".