La ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona ha enviado un escrito al juez del caso 'Neurona' en el que acusa al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y a la ministra de Igualdad, Irene Montero, de usar recursos del partido para su "beneficio personal", apuntando en concreto a la utilización de una empleada de la formación 'morada' como niñera y al cobro de costas procesales en causas que había sufragado la organización política.

En su escrito, avanzado por El Confidencial y al que ha tenido acceso Europa Press, Carmona responde al requerimiento de información que le hizo el juez Juan José Escalonilla tras su declaración como testigo el pasado mes de octubre, si bien aprovecha esta comunicación para poner en su conocimiento "algunos hechos investigados internamente" que no fueron incluidos en la denuncia presentada en 2019 contra el partido por el también ex abogado de Podemos José Manuel Calvente.

"Me encontraba de baja laboral y mi situación médica no me permitió dedicar más tiempo a colaborar en la preparación de la denuncia interpuesta, pero considero que ahora debo aportar todos los expedientes en el estado en el que quedaron en la fecha de mi cese, porque guardan relación con los hechos investigados", ha sostenido Carmona.

Entre los nuevos hechos señalados al Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid, ha mencionado "un presunto uso irregular de los fondos del partido en beneficio de los intereses particulares de la señora Irene Montero". Según ha relatado, recibió "una denuncia interna confidencial" afirmando que la ahora ministra de Igualdad estaba utilizando para el cuidado de sus hijos a una persona a sueldo de Podemos.

Carmona ha identificado a esta persona como Teresa Arévalo, detallando que acompañó a Montero y su hija en un viaje que tuvo lugar el 20 de octubre de 2019 a la ciudad de Alicante para participar en un acto de campaña electoral y que la dirigente 'morada' dejó a la niña al cuidado de Arévalo mientras intervenía en el mismo. La ex abogada ha aportado incluso una factura con fecha de 18 de noviembre de 2019 con los gastos de este desplazamiento.

Arévalo es secretaria de Políticas de Cuidados de Podemos y, al menos hasta el pasado mes de junio, era asesora del Ministerio de Igualdad, de acuerdo con la información que dio esta misma cartera a Newtral.es en respuesta a una petición realizada a través del Portal de Transparencia.

La ex abogada ha explicado a Escalonilla que inició una investigación por considerar que se trataba de hechos "graves", puesto que tal comportamiento, "además de ser contrario a las más elementales normas éticas, podría ser constitutivo de un acto de administración desleal del patrimonio del partido". Fuentes de la formación 'morada' han asegurado que es "absolutamente falso" que Montero usara a Arévalo como niñera.

Por otro lado, Carmona ha contado al juez que consideró necesario "analizar los riesgos derivados de las situaciones en las que tanto el partido como sus dirigentes que habían sido defendidos en asuntos particulares por los abogados del Equipo Legal a costa del partido resultaban beneficiarios de condenas en costas en procedimientos civiles, sin que hubieran satisfecho los honorarios de abogado y procurador".

A este respecto, ha denunciado que "el responsable de Finanzas (Daniel de Frutos) propuso crear una 'cuenta separada' para destinar los importes percibidos por el partido en materia de costas a sufragar las costas procesales que tuvieran que abonar tanto el partido como el señor Pablo Iglesias o la señora Irene Montero si fuesen condenados en alguno de los juicios civiles particulares en los que intervenían".

En concreto, ha precisado que Iglesias resultó beneficiario de la condena en costas por importe de 7.730 euros dictada por el Juzgado de Primera Instancia Número 7 de Pamplona por una demanda de Unión del Pueblo Navarro sobre protección del derecho al honor. De acuerdo con Carmona, las costas fueron abonadas al líder de Podemos a pesar de que tanto los honorarios de la abogada, Marta Flor, como de la procuradora, Isabel Afonso, corrieron a cargo del partido.

La ex abogada ha relatado que, al ser un asunto "muy delicado" se trató en varias reuniones donde Calvente aconsejó "establecer unos criterios contables y fiscales al respecto" para evitar posibles infracciones tributarias, pero "nadie quiso atender sus consejos", por lo que acudió a ella para que investigara, algo que ha aclarado que no pudo hacer por la "opacidad" de De Frutos.

“No me informó sobre el destino final de los fondos cobrados en concepto de costas, ni por el partido ni por el señor Iglesias, y finalmente fui cesada sin tener respuesta ni conocimiento del destino de las costas procesales del señor Iglesias, con el consiguiente riesgo de infracción tributaria o financiación irregular", ha subrayado.

Al margen de estas cuestiones, Carmona ha aludido a cuestiones ya incluidas en la denuncia de Calvente, entre las que destaca el contrato firmado por Podemos con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019, que el juez sospecha que fue un contrato simulado para desviar dinero del partido.

Sobre esto, ha informado a Escalonilla de que, tras revisar sus archivos, ha encontrado una "anotación" que indica que los contratos con Neurona y otra consultora política, ABD Europa, fueron creados por "un tal 'Eric', el cual identificamos como un empleado de Podemos amigo del señor Juan Carlos Monedero llamado Eric Alfredo Guerrero Márquez, alias 'El Colibrí'".

La ex responsable de Cumplimiento Normativo también ha hecho referencia en su escrito al contrato electoral con ABD, la supuesta 'Caja B', el baile de precios en las obras de la nueva sede de Podemos y el presunto acceso no consentido al disco duro de Flor, líneas de investigaciones todas ellas que ya han sido archivadas por Escalonilla, que desde diciembre se centra solo en Neurona.

Además, Carmona ha reproducido el mensaje que envió por Telegram a Iglesias el 4 de diciembre de 2019, y sobre el que ya declaró en sede judicial, para alertarle de que su despido y el de Calvente eran una "represalia" por "haber detectado una serie de irregularidades graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional". Según ella, el líder de Podemos lo leyó pero nunca contestó.