Así se ha conocido en el mismo día en que más de 15.000 personas se han congregado junto a la prisión de Lledoners, en Barcelona, homenajeando a los líderes políticos presos. Este viernes, se cumple un año del ingreso en prisión de Oriol Junqueras, Joaquín Forn y otros seis dirigentes independentistas catalanes.
Por su parte, la Fiscalía sí les va acusar de rebelión agravada con un delito de desobediencia y malversación, lo que comprende penas que superan los 20 años de cárcel.
Será este viernes cuando se conozcan las penas que se les asigna a cada uno de ellos, pero tanto el presidente del Parlament de Cataluña, Roger Torrent, como el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ya han advertido, en nombre de los independentistas, que no aceptarán otra sentencia que no sea la de la absolución de todos los procesados.
"Lo que no nos valen son penas rebajadas, ni juegos de manos, solo nos vale la libre absolución", ha recalcado Aragonès.
En la misma línea, Torrent ha insistido en que no cesarán en la lucha de la causa independentista: "Ante este intento de desmoralizarnos, volvemos a decir que nunca renunciaremos a luchar pacíficamente por lo que creemos", ha dicho.
LAS CONDENAS QUE PEDIRÁN LOS SERVICIOS JURÍDICOS DEL ESTADO
Según ha adelantado El País, en una información de la que se hace eco Europa Press, las condenas que pedirán finalmente los Servicios Jurídicos del Estado para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los otros 17 procesados suman un mínimo de 14 años de prisión.
De este modo, el departamento dependiente del Ministerio de Justicia renuncia al delito más grave por el que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena procesó, entre otros, a los miembros del que fuera el Govern de Carles Puigdemot y a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que es el de rebelión.
DELITO Y PENAS
Finalmente, se ha optado por la sedición que castiga a quienes "se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales".
El Código Penal castiga a los autores de este delito con prisión de ocho a diez años, y con la de diez a quince años, si fueran personas constituidas en autoridad. En ambos casos se impondría, además, la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
LA ABOGACÍA SE DESMARCA DE LA FISCALÍA
De este modo, la Abogacía se desmarca de la Fiscalía, cuyo escrito se dará a conocer mañana y que prevé reclamar penas agravadas para los líderes del 'procés. En el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras podría superar los 20 años de cárcel por el delito de rebelión, según fuentes fiscales.
En todo caso, se prevé pedir penas diferentes según el grado de responsabilidad en lo ocurrido y no se descarta que algunos de los procesados por el magistrado Pablo Llarena queden fuera del escrito del fiscal.
En la causa contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los exjefes políticos de la policía autonómica Pere Soler y César Puig, el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que también se conocerá este viernes, revelará si se les pide penas por los delitos por los que fueron procesados -sedición y organización criminal- o esta petición se agrava también hasta la rebelión.
Por lo que se refiere a la causa del Supremo, el texto que ultiman los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Javier Zaragoza apuesta por calificar lo ocurrido como rebelión, al entender que los hechos encajan en esta previsión del Código Penal al existir la violencia que exige el tipo, han señalado fuentes del Ministerio Público. Esta violencia la ve claramente la acusación pública tanto en la concentración ante la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017 como en los hechos del 1-O, señalan fuentes del Ministerio Público.
La aplicación de estas penas más altas obedece, según esta valoración de la Fiscalía, a la integración del delito de malversación de caudales públicos en el principal de rebelión, lo que obliga a aplicar las penas agravadas. No obstante, la petición de cárcel para los líderes separatistas podrán verse finalmente rebajadas una vez se celebre el juicio, en el turno de conclusiones definitivas, según señalan las mismas fuentes.
LA OPOSICIÓN CARGA CONTRA SÁNCHEZ Y SU EJECUTIVO
Tras la decisión de la Abogacía del Estado, inmediatamente la oposición ha cargado contra Pedro Sánchez y su Ejecutivo. Concretamente, el líder del PP, Pablo Casado, ha reaccionado acusando al Gobierno de “forzar a la Abogacía del Estado a desmarcarse de la Fiscalía y a no acusar por rebelión a los golpistas”. Más allá, en una publicación a través de Twitter ha añadido: “Sánchez está inhabilitado para seguir al frente del Gobierno y debe convocar elecciones ya”.
En la misma línea, y recogiendo este testigo bajo el hashtag #EleccionesYa, Albert Rivera, líder de Ciudadanos, también se ha pronunciado a través de la red social Twitter, desde donde ha señalado a Sánchez de dar “impunidad a cambio de apoyo”.
“En 48 horas Sánchez confirma lo que muchos españoles nos temíamos: Está utilizando el poder ejecutivo para beneficiar a los que dieron un golpe contra nuestra democracia, y lo hará para indultarles si les condenan los tribunales. Impunidad a cambio de apoyo: Inmoral”, ha escrito.