La Abogacía del Estado analizará la coalición 'Amaiur', presentada ayer y formada por Bildu y Aralar para presentarse a las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo, quienes precisan que la inclusión de Aralar no es un factor que contribuya a pensar en una ilegalización.
Estas mismas fuentes explican que la única novedad que presenta la coalición 'Amaiur', respecto de Bildu, es la incorporación a ella de Aralar, un partido del que, recuerdan, nunca se ha pretendido la ilegalización y ello no da argumentos para emprender, a priori, un proceso de impugnación.
Estas mismas fuentes recuerdan que ya en el año 2002, cuando se aprobó la Ley de Partidos Políticos y se inició el proceso de ilegalización de Batasuna, HB y EH, se estudió si procedía o no llevar a cabo también la de Aralar. Sin embargo, la conclusión de entonces fue que esta formación no entraba en contradicción con la Ley de Partidos Políticos recién aprobada en aquel momento.
No obstante, explican que la Abogacía del Estado analizará esta nueva coalición que ha formado la izquierda abertzale, así como los informes que prevén de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), pero las fuentes consultadas recalcan que la inclusión de Aralar no da muchos argumentos para emprender una impugnación. La coalición con el partido que dirige Patxi Zabaleta no es un factor que coadyuve a pensar en una ilegalización, precisan.
El otro grupo que forma parte de 'Amaiur' es la coalición Bildu, que recibió el marchamo de legalidad el pasado 9 de mayo, cuando el Tribunal Constitucional permitió a la formación concurrir a las elecciones municipales y formales del pasado 22 de mayo, contradiciendo así la resolución dictada sólo unos días antes por el Tribunal Supremo.
El TC consideró que no existían pruebas de que ETA hubiera instrumentalizado la coalición integrada por Eusko Alkartasuna, Alternatiba e "independientes".
La resolución, que salió adelante con el voto de seis magistrados frente a cinco, insistía en que, en el caso de Bildu, la pretensión de ETA de volver a las instituciones (según se señalaba en documentos incautados a la banda) no se había "materializado" y que tampoco pudo acreditarse la existencia de vínculos personales, de orden financiero o de apoyo material entre la organización terrorista, la ilegalizada Batasuna y la coalición electoral.