El acuerdo se ha formalizado hoy en un acto celebrado en el Ateneo Barcelonés que ha estado presidido por el líder de los socialistas catalanes, José Montilla, y el presidente de la plataforma de CpC, Àlvar Roda.
El apoyo de la plataforma maragallista al PSC en la próxima campaña electoral se ha materializado en la participación de su dirección en la Conferencia Programática de los socialistas catalanes, celebrada el pasado 16 de octubre, en la que el partido que lidera Montilla ha incorporado cerca del 95 por ciento de las propuestas de CpC, ha señalado Roda.
Tras la ruptura de la coalición electoral, la asociación cívico-política, que el la última legislatura aportó cinco diputados al grupo del PSC-CpC, ha pasado a situar tan sólo dos nombres en las listas de los socialistas catalanes: Antoni Comín y Mohamed Chaib.
No obstante, Roda ha querido enfatizar que el acuerdo político que hoy han firmado ambas formaciones "es el más potente y ambicioso" desde la creación de la plataforma cívica, y Montilla le ha replicado agradeciendo a CpC "su apoyo crítico, como debe ser, crítico".
La vigencia del acuerdo entre ambas formaciones se limita a dos años, aunque podría renovarse por dos años más después de un proceso de evaluación conjunto.
El contenido político del compromiso firmado por PSC y CpC pasa por una reforma de la Constitución que establezca el Estado federal, por garantizar la cohesión social, así como por "tender puentes de entendimiento mutuo entre Cataluña y el resto de España de forma definitiva y sostenible en el tiempo".
Por otra parte, y en una conversación informal con los periodistas al concluir el acto, el presidente catalán ha quitado hierro a la suspensión cautelar de varios artículos del reglamento de uso del catalán del ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lleida por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Montilla se ha expresado en la misma línea que el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, quien hoy aseguró en Madrid que la resolución del TSJC no va a "influir en nada" y no va a tener "ninguna trascendencia en el quehacer cotidiano de los ciudadanos".