María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Gobierno, lo ha explicado tras el Consejo de Ministros. Tras asegurar que el Gobierno respeta "con estricta lealtad institucional" las decisiones adoptadas por el Parlamento vasco, la vicepresidenta ha añadido que exige la misma lealtad a las normas del Estado de Derecho.
"Por tanto, si legítimo es plantear y aprobar cualquier iniciativa en el Parlamento vasco, también lo es impugnar esa decisión ante quien debe decidir sobre su legalidad, que es el Tribunal Constitucional", ha agregado.
"Euskadi no quiere desafíos"
"No quieren esos desafíos en primer lugar los ciudadanos de Euskadi, que están reclamando una política que una y no que separe, que busque acuerdos y no enfrentamientos, que desarrolle el autogobierno y la identidad del pueblo vasco sin necesidad de violentar la Constitución y el propio Estatuto de Gernika", ha explicado De la Vega.
La vicepresidenta no ha valorado el hecho de que la ley de convocatoria de la consulta haya salido adelante gracias al voto de una de las parlamentarias del EHAK-PCTV y se ha limitado a manifestar que el Gobierno está en contra de la misma "salga con quien salga".
Cuando la ley sea publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, el Gobierno tendrá tres meses para recurrirla ante el Tribunal Constitucional, lo que supondrá su suspensión automática.