La Audiencia de Guadalajara exculpa a los técnicos y políticos y procesa a los excursionistas

Según han informado a EFE fuentes judiciales, la sección primera de la audiencia alcarreña ha dictado un total de nueve autos en los que se acuerda estimar los recursos de apelación presentados por el fiscal, los técnicos y los políticos responsables de Medio Ambiente cuando ocurrieron los hechos, entre ellos la que fuera consejera del área Rosario Arévalo, ahora libre de imputación.

En los autos, la Audiencia de Guadalajara asume las tesis de la fiscalía, y de los representantes de la Junta, quienes sostenían que el procesamiento de los técnicos y los políticos por un presunto delito de incendio forestal por imprudencia grave carecía de fundamentos jurídicos debido a que "su conducta no fue la típica de quien comete este tipo de delitos", se indica en los autos.

La ex-consejera Rosario Arévalo presentó su dimisión días después del incendio, que se originó el 16 de julio de 2005 en una barbacoa que prendieron un grupo de excursionistas, de los que tres serán juzgados, y que provocó la quema de casi trece mil hectáreas de pinares y la muerte de once personas.

Además, tras analizar los recursos, la sala ha determinado "dejar sin efecto" el procesamiento del que fuera director general del Medio Natural de la Junta, José Ignacio Nicolás, que dimitió en mayo de 2009 de su nuevo cargo al frente de la Política Forestal de la Junta tras conocer su imputación por la jueza de Sigüenza, María del Mar Lorenzo.

También se revoca el procesamiento por "no revestir carácter de delito" los hechos que se imputaban al ex-delegado provincial de Medio Ambiente de la Junta, Sergio David González, así como al que fuera responsable del parque natural del Alto Tajo, Rafael Ruiz.

Asimismo, la Audiencia de Guadalajara retira y deja sin efecto el procesamiento para los técnicos del Servicio de Extinción de Incendios de la Junta y de las tres empresas que participaron en los trabajos de extinción, Tragsa, Servicios y Proyectos Avanzados y Helicópteros del Suroeste.

La jueza de Sigüenza imputaba a cada uno de los diecinueve procesados los delitos de incendio forestal por imprudencia grave y a los siete técnicos de la Junta también les reprochaba los de homicidio por imprudencia profesional y otro contra la seguridad de los trabajadores, ya que los fallecidos formaban parte de un retén contra incendios.

A Arévalo, la jueza le achacaba que no hubiese ordenado una vigilancia del uso de barbacoas ni una prohibición de hacer fuego ante unas condiciones meteorológicas ventosas, así como una defectuosa ejecución y control del Plan de Emergencias castellanomanchego.

También se exculpa a los ex-alcaldes de la Riba de Saelices, José Luis Samper e Hipólito Sebastián, así como José Luis Huarte, secretario de este ayuntamiento cuando se construyó la barbacoa, imputados por delito de incendio forestal cometido por imprudencia grave.

Los tres excursionistas sobre los que ahora recae toda la responsabilidad del incendio son Marcelino H., quien no recurrió el procesamiento, además de Jason K y Juan José J., a quienes se les imputa por un delito de incendio forestal por imprudencia grave.