22 comisiones de investigación en el Congreso desde 1977: ¿para qué sirven?

22 comisiones de investigación se han constituido en el Congreso desde 1977. Los grupos parlamentarios han solicitado el triple. Sus señorías han investigado de todo: desde cómo gestionó Luis Roldán los fondos de la Guardia Civil hasta el accidente de Spanair pasando por las ayudas al cultivo del lino, el caso Gescartera, la crisis financiera de 2018, la financiación irregular del PP o los atentados del 11 de marzo de 2004.

Horas y horas de trabajo, miles de documentos analizados y centenares de comparecientes entre los que ha habido presidentes y expresidentes del Gobierno, ministros y exministros, empresarios, banqueros, policías, jueces y hasta presos que han declarado desde la cárcel. Pero la pregunta es ¿para qué sirve una comisión de investigación?.

La Constitución, en su artículo 76, dice que se podrán nombrar comisiones de investigación sobre cualquier asunto "de interés público". Pero también añade que "sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas".

Los partidos políticos han utilizado el potente altavoz del Congreso para hacer investigaciones paralelas a los casos judiciales con el argumento de depurar responsabilidades políticas. Las comisiones se han convertido en el escenario donde airear escándalos y ajustar cuentas. Algunas, después de meses de trabajo, no han tenido ni siquiera conclusiones, otras se han quedado en un reproche político sin más consecuencias.

Eso sí, han dejado momentos que forman parte ya de la historia del Congreso y de la política de este país.

El 27 de mayo de 2004 se creó la comisión para investigar los atentados del 11 de marzo de ese año. Comparecieron policías, expertos en explosivos y en el mundo árabe, médicos forenses, jueces, fiscales, el expresidente José María Aznar y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Pero si hay un testimonio que conmocionó a los diputados e impactó a toda la sociedad fue el de Pilar Manjón, la presidenta de la 'Asociación 11M Afectados del Terrorismo' que perdió a su hijo en los atentados. De riguroso luto, quiso ser la voz de los 192 fallecidos y los 1.500 heridos. Manjón echó un rapapolvo épico a los políticos por utilizar a las víctimas en su beneficio y hacer "política de patio de colegio": "Ha sido la comisión de ustedes y para ustedes. Nosotros, nuestros familiares, no han estado en esta casa que, se supone, es la de todos".

Los diputados, petrificados en sus asientos, escucharon en silencio como una mujer dolida les reprochaba que durante varias sesiones habían aclamado y vitoreado a algunos comparecientes como "si de un partido de fútbol se tratara" cuando se estaba hablado de muertes: "¿De qué se reían, Señorías?, ¿qué jaleaban?, ¿qué vitoreaban en esta SU comisión?".

Aznar, en sus 11 horas de comparecencia, insistió en su tesis de que la intención de los terroristas era un vuelco electoral y dejó otra frase para el recuerdo: "No creo que anden en desiertos muy remotos ni en montañas muy lejanas". Las conclusiones, con el voto en contra del PP, determinaron que el Gobierno de Aznar no previó la amenaza del terrorismo islamista y manipuló los datos de la autoría del atentado apuntando a ETA con un objetivo electoral.

Una de las comisiones más largas, -casi dos años de funcionamiento-, con más de 50 comparecientes fue la de la financiación irregular del PP. Acabó sin conclusiones por falta de acuerdo y porque la legislatura acabó. "Un cierre estrafalario y ridículo", se quejaron algunos comisionados. Desde mayo de 2017 hasta febrero de 2019 testificaron los principales implicados en las tramas de corrupción que afectaban al PP. En medio llegó la sentencia de la Gürtel y la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy.

En esa comisión despuntó Gabriel Rufián, portavoz de ERC, por sus durísimos interrogatorios. Uno especialmente tenso fue con José María Aznar. Rufián, con una camiseta del periodista español asesinado en Irak José Couso, le llamó "Vito Corleone", "señor de la guerra" y le sacó hasta la boda de su hija en El Escorial: "Eso no era una boda, sino un cártel".

Francisco Camps, Ricardo Costa, Luis Bárcenas, el 'Yonki del dinero', Francisco Correa desde la cárcel de Valdemoro o Álvaro Pérez 'El Bigotes' también comparecieron. Algunos optaron por el silencio, otros como 'El Bigotes' explicaron como el PP pagaba sus facturas y apuntó al marido de María Dolores de Cospedal, ahora imputado, como el que iba a Génova "a soltar el mondongo".

Los escándalos financieros han sido los más investigados. La última vez, la crisis de 2018 que desencadenó en el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro. El Congreso reprobó la gestión del Banco de España y el resto de organismos supervisores porque "no hicieron frente a sus obligaciones" para actuar contra la burbuja.

En esa comisión, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, le dijo a Toni Roldán, por entonces diputado de Ciudadanos, que el rescate bancario había costado más a los accionistas que al erario público: "¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo".

Antes, en 2001, se investigó el caso Gescartera, la agencia de valores que estafó a sus clientes 20.000 millones de las antiguas pesetas y en 1994 el patrimonio de Mariano Rubio, el que fuera gobernador del Banco de España en la etapa de Felipe González, implicado en el caso Ibercorp por defraudar a Hacienda. Rubio acabó en la cárcel.

Ha habido comisiones para investigar graves accidentes. La del vuelo JK5022 de Spanair en agosto de 2008 con 154 muertos se ha prolongado durante varias legislaturas. Las conclusiones las ha aprobado el Pleno del Congreso este mes de mayo, 13 años después.

El PSOE votó en contra de un documento que responsabiliza del "fallo sistémico" que provocó el accidente a los cargos del Ministerio de Fomento dirigido en aquella época por la socialista Magdalena Álvarez.

La de otro accidente, el del Alvia en Santiago de Compostela en 2013 en el que murieron 80 personas y más de 100 resultaron heridas, no pudo acabar sus trabajos por la disolución del Parlamento. El caso está en los tribunales, pero las asociaciones de víctimas querían responsabilidades políticas. La ministra de Fomento en esa fecha, Ana Pastor, las eludió en su comparecencia.

Uno de los testimonios más estremecedores fue el del maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo, que entre lágrimas pidió perdón a las víctimas y dijo que "fue un accidente anunciado" por la falta de seguridad en una curva muy peligrosa.

Los partidos se han apuntan al carro de las comisiones de investigación cada vez que un caso polémico sale a la luz. La última aprobada la ha solicitado Más País y Compromís para vigilar el proceso de vacunación contra la covid-19 e investigar los casos de cargos públicos que se saltaron su turno.

La comisión que más veces se ha reclamado ha sido una para investigar las presuntas irregularidades de los negocios del rey emérito. Todas se ha rechazado. Podemos y los partidos nacionalistas e independentistas han elevado su presión desde que la justicia decidiese investigar el uso de las tarjetas black por parte de Juan Carlos de Borbón. El PSOE ha unido sus votos al PP y Vox para impedir esa investigación con el argumento de la inviolabilidad del rey.