Pedro Sánchez cede ante Puigdemont. El Gobierno y Junts cierran el acuerdo para la cesión de competencias en inmigración, algo que compete al Estado. Esta era una de las exigencias de los independentistas a cambio de su apoyo en el Congreso de los Diputados, pero ¿es un pacto anticonstitucional?

Para hablar sobre ello, ‘La mirada crítica’ habla en directo con el magistrado Joaquim Bosch, que ha explicado esta negociación por la que los independentistas tendrían el control de las fronteras de Cataluña.

El entrevistado afirma que “es complicado” que este pacto encaje en la Constitución: “El artículo 149 indica que son competencia estatal todas las materias referentes a inmigración, extranjería o asilo. Por su propia naturaleza, también debe serlo el control de fronteras”, apuntaba.

Aunque aclaraba: “El artículo 150 permite la delegación o la transferencia de aquellas competencias que sean susceptibles de ser traspasadas sin afectar en la propia naturaleza de las competencias estatales. Tendremos que ver realmente la letra concreta del acuerdo porque, en el momento que haya un exceso, podemos llegar a problemas de inconstitucionalidad”.

Algunos medios de comunicación aseguran que las fronteras podrían ser controladas por los Mossos y la Guardia Civil o Policía Nacional: “Es complicado y puede ser inconstitucional una cesión completa para que el gobierno catalán controle las fronteras, para que autorice permisos de residencia etc.”

“Podría ser constitucional si se pactaran cuestiones de tipo complementario como apoyo de los mossos en la frontera a la Policía, Guardia Civil o la gestión de trámites completos, pero no como reclama Junts, que Cataluña asuma todas las consecuencias”, añadía Joaquim Bosch.