El Supremo rechaza la petición de Álvaro García Ortiz de posponer su declaración

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la petición del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de posponer su declaración como investigado en el marco de la causa que se abrió a raíz de la querella por presunta revelación de secretos presentada por Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

En un auto, recogido por Europa Press, el instructor Ángel Hurtado rechaza también las diligencias que la Abogacía del Estado proponía realizar "con carácter prioritario y previo a la declaración de los investigados", fijadas para los días 29 y 30 de enero y 5 de febrero.

En concreto, proponía que se citase a declarar a Alberto González Amador al considerar que "si bien se ratificó en su querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), cuando dicho tribunal dirigía la causa, "el avance de esta investigación hace necesario para esta defensa que se le tome declaración".

También solicitaba las comparecencias como testigos de otros cinco periodistas, así como la citación de dos agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que ratificasen y aclarasen el informe que elaboraron con la información incautada en el registro del despacho de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Los dispositivos del fiscal general

Paralelamente, el Tribunal Supremo (TS), procedió la semana pasada al volcado de datos de los dispositivos que le fueron intervenidos al fiscal general en el registro de su despacho profesional el pasado 30 de octubre en presencia de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

En un acta, al que ha tenido acceso Europa Press, se informó de que se desprecintó un disco duro Toshiba del que se extrajo copia de una carpeta relativa a un teléfono Samsung. En el documento se informa de que también se manipuló otro disco duro al que denominan 'Barracuda' y que tras esto se formuló por parte de la Abogacía del Estado una protesta.

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