El juez del caso Errejón-Mouliaá, Adolfo Carretero, ha dado un paso adelante, tras su polémico interrogatorio a la actriz y al expolítico, y ha anunciado que pedirá amparo al CGPJ por los ataques recibidos ante su forma de llevar la testifical en el caso de la presunta agresión sexual denunciada por Elisa Mouliaá. Carretero ha confirmado su petición al programa 'La Mirada Crítica' de Telecinco escasas horas después de conocerse que el propio órgano judicial habría abierto un expediente informativo al juez. Así han informado en el vídeo Adriana Pérez e Isabel Alonso.

El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid va a pedir amparo al órgano de gobierno de los jueces para defender su trabajo, tras conocer que CGPJ ha abierto una diligencia informativa al recibir más de 900 quejas y denuncias por su comportamiento al interrogar a Mouilaá.

El magistrado ha explicado al periódico digital Artículo 14 que preguntó por la documentación que tenía sobre la mesa e hizo su trabajo porque la prueba "ha de ser consistente", y por eso "algunas preguntas podrían ser incómodas". Y sostiene que "lo que se ha visto en medios está sesgado porque la declaración duró una hora y media si se desvelaran las declaraciones de presuntas agresiones sexuales nos sorprenderíamos todos".

Carretero va a solicitar también que se investigue la filtración de las grabaciones de las declaraciones de Elisa Mouilaá e Íñigo Errejón, que se celebraron el día 16 y trascendieron este lunes, han confirmado las fuentes.

El miércoles el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una diligencia informativa tras recibir numerosas quejas y denuncias por el interrogatorio del juez a Mouilaá, y así determinar si procede incoar un expediente disciplinario a Carretero, según informó el Consejo.

La filtración de las declaraciones de la actriz y el exdiputado de Sumar permitió conocer el duro interrogatorio al que el magistrado sometió a la denunciante.

Con tono cortante, el juez llegó a preguntar a Mouilaá "para qué se sacó el miembro viril" Errejón durante el encuentro que ella denunció, o incluso le espetó: "¿No será que usted quería algo con ese señor, y al no corresponderle ese señor por eso ahora le denuncia, porque ese señor se ha reído de usted?". 

La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) ha exigido que se garantice un "trato adecuado" a las víctimas en los juzgados, tras el interrogatorio de la actriz Elisa Mouliáa, que declaró el pasado 16 de enero ante el juez que investiga al exdiputado de Sumar, Íñigo Errejón, por un presunto delito de agresión sexual.

"Desde AMJE queremos insistir y hacer un llamamiento a los órganos de gobierno de la judicatura para que exija que el comportamiento de los jueces y juezas se adecúe a los estándares que ellos mismos han fijado, adoptando todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento", ha asegurado la asociación en un comunicado.

En este sentido, se han referido a la Guía de Buenas Prácticas sobre la Declaración de las Víctimas de Violencia de Género elaborada por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta han señalado que "da unas directrices claras dirigidas al Poder Judicial sobre como debe ser el trato dispensado a las víctimas indicando, entre otras cosas, que no cabe un trato que las haga sentir culpables, ni cuestionar apriorísticamente la veracidad de lo que cuentan". Así, Mujeres Juezas ha recalcado que "victimizar a las víctimas desde la Administración supone dejarlas solas y constituye un maltrato institucional".

"Cuando se incumplen estas premisas, al igual que cuando se resuelve al margen de la norma, se consuma una injusticia que tiene devastadoras consecuencias para la persona destinataria de este proceder, pero también para toda la sociedad en su conjunto", ha subrayado.

En esta misma línea, la asociación ha reconocido que "puede" haber miembros del Poder Judicial que, "de forma evidente y pública", ignoran "deliberadamente" todo el compendio formativo y de buenas prácticas. Además, ha condenado que se difundan declaraciones de las víctimas en los medios de comunicación y ha recordado que la proscripción de esta práctica "se prevé para proteger a la propia víctima, no para impedir que se cuestionen comportamientos de otras personas que, precisamente, socavan sus derechos y la victimizan aún más".

En todo caso, ha llamado a la "tranquilidad" y ha pedido a la ciudadanía "confianza", ya que estas actitudes "no se corresponden con el proceder general de la inmensa mayoría de la judicatura de este país". Así, ha garantizado, principalmente a las víctimas, que cuentan con un sistema de justicia cuya función es "protegerlas y ayudarlas a reparar el daño sufrido".

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