Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, considera que es deseable poner fin a las concesiones de autopistas lo antes posible, si bien advierte que no es fácil, ya que en el 2000 algunas se prorrogaron hasta 2048 y los rescates serían enormemente costosos para el erario público.
En declaraciones en el marco de un desayuno informativo organizado este jueves por Nueva Economía Fórum, el ministro ha abogado por un único sistema, señalando que no es justo tener uno en el que haya peajes en unos territorios y en otros sea gratis.
Sobre ello, no obstante, ha precisado que gratis no se circula por ningún sitio porque las carreteras siempre se pagan o con presupuestos o con peajes.
A ese respecto, precisamente, el ministro de Transportes ha insistido en que no es de recibo que algunos paguen dos veces, con impuestos o con peajes. Por eso, defiende un sistema justo, una tabla rasa, y que se abra un debate sobre cómo se quiere financiar esas infraestructuras.
Sobre la cuestión, Óscar Puente ha dicho ser partidario de que pague quien las usa, pero ha destacado que no puede ser una decisión unilateral, sino fruto del consenso porque es estructural, ya que afecta al país durante décadas.
"Es una decisión en la que tendríamos que ponernos de acuerdo", ha subrayado, asegurando al mismo tiempo que es duro, pero muy dialogante, remarcando que le gustaría llegar a un entendimiento con el PP.
En otro orden, Óscar Puente ha descartado la liberalización del transporte por carretera en autocar, ya que asegura ser un "intervencionista convencido", y ha apuntado que un servicio público como el autocar necesita reglas para ser lo más equitativo posible y para ‘no dejar a nadie tirado’.
Según ha señalado, cree que el sistema concesional actual está completamente caducado, incluso jurídicamente, ya que ahora se está operando con reglas de hace 40 años, algo que ha subrayado que no es sostenible.
De este modo, el ministro apuesta por actualizarlo, sea agradable o no, y que cada uno asuma sus competencias.
Ahondando en ello, ha apuntado que su competencia es comunicar núcleos de población distantes y la de las comunidades autónomas sostener las comunicaciones dentro de sus territorios y en el ámbito rural. Por eso, ha emplazado a las comunidades a que asuman sus competencias y los costes asociados a ellas.
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