Tras las fiestas navideñas, este martes 7 de enero se reactiva la actividad política. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá la primera reunión del año del Consejo de Ministros con el objetivo de aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

El último Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre aprobó un decreto ley con medidas de carácter tributario que incluía la extensión de los presupuestos de 2023, aunque la Constitución ya prevé la prórroga automática de las cuentas el primer día del ejercicio hasta la aprobación de unas nuevas.

La actividad política también estará muy marcada esta semana por las diferentes citas judiciales que afectan al presidente del Gobierno y su entorno familiar.

Está previsto que el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, declare como imputado por su controvertido cargo público en la Diputación de Badajoz.

El Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz le ha citado a declarar a él y al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, en el caso abierto por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación.

La magistrada, que abrió la investigación tras una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, ha programado una ronda de declaraciones en la que también interrogará a responsables y exdirectores o exjefes de Gestión Administrativa, Recursos Humanos y del Área de Cultura.

Además, también está previsto que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, declare por presunta revelación de secretos en el caso de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El caso coge velocidad con la citación de hasta 13 testigos, la mayoría periodistas, que comparecerán ante el Tribunal Supremo entre el 8 y el 21 de enero.

El primero será Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, y quien a través de su red social X ha ido comentando esta y otras investigaciones que afectan a familiares del presidente del Gobierno o ex altos cargos.

Su citación responde a la petición de la Abogacía del Estado, en defensa del fiscal general, que ve "indicios" de que accedió "a una parte del contenido de los correos" que Alberto González Amador cruzó con la Fiscalía para reconocer un fraude a Hacienda y tratar de llegar a un pacto. Es más, defiende que "la primera revelación de secretos" fue suya el 13 de marzo.

Su versión se sumará a la que aporten ocho periodistas, dos responsables de comunicación de la Fiscalía, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y la del fiscal que denunció a González Amador.

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