La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado "0 mensajes" en el móvil del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información de la investigación por fraude del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Los investigadores han enviado al juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado su informe sobre el material analizado tras el registro al despacho del fiscal general del Estado, practicado el pasado 30 de octubre, en el marco de la investigación por presunta revelación de secretos.

El juez Hurtado, que ha levantado este jueves el secreto de sumario sobre este informe, investiga si García Ortiz o la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, filtraron a la prensa el correo en el que la defensa del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, admitió un fraude a Hacienda ante el fiscal que le investiga para tratar de llegar a un acuerdo.

La UCO dice en su informe, al que ha tenido acceso EFE, que en el período que el juez ordenó analizar los dispositivos del fiscal general no se ha encontrado ningún mensaje en aplicaciones de mensajería instantánea.

En su ordenador, los agentes han localizado dos archivos que tienen una copia de correos recibidos por el fiscal general de una cuenta corporativa de la Fiscalía, fechados la noche del 13 de marzo, a las 23.45 horas, con el asunto "Denuncia Maxwell Cremona".

"En el mismo se observa la cadena de correos entre el abogado del empresario Alberto González Amador y el fiscal de delitos económicos Julián Salto del día 12 de marzo y el reenvío a la Fiscalía Provincial de Madrid que se produjo el día 13 de ese mismo mes a las 23:44" y "se incluye como adjunto la denuncia por dos supuestos delitos contra la Hacienda Pública cometidos por la empresa Maxwell Cremona", detalla la UCO.

Por contra, en la cuenta oficial de García Ortiz la Guardia Civil ha hallado 45 correos electrónicos referidos a esos días pero todos "sin interés para la investigación".

En esos correos, el letrado intentaba alcanzar un pacto con el fiscal por el que aceptaba íntegramente la comisión de dos delitos fiscales por parte de su cliente y proponía aceptar ocho meses de cárcel y pagar una multa.

Los correos que recibió el fiscal general incluían, añade la Guardia Civil, la denuncia por dos delitos contra Hacienda cometidos presuntamente por la empresa que administra González Amador.

La cuenta de Álvaro García Ortiz tenía también 45 correos "sin interés para la investigación entre el 8 y el 14 de marzo". El polémico correo que investiga el Supremo fue publicado la mañana del 14 de marzo, si bien algunos medios hacían referencia a él en sus informaciones la noche anterior. 

A pesar del resultado de esta búsqueda, en el informe elaborado también por la UCO respecto a los dispositivos incautados a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, durante el registro a su despacho, ese mismo 30 de octubre, la Guardia Civil sí detectó mensajes con García Ortiz.

Así, en este primer informe, la UCO reflejó un mensaje de WhatsApp que Rodríguez envió a las 10:22 horas del 8 de marzo a García Ortiz justo después de hablar con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado para enviar bien el expediente referido a González Amador, porque unas páginas no se habían escaneado. "Hola, jefe. A tu disposición", le dijo.

La Guardia Civil precisó que, "aparentemente, no existe respuesta a este mensaje, ni comunicación por ese medio o vía telefónica hasta el 13 de marzo". No obstante, a las 13:28 del 12 de marzo, el fiscal general reenvió a Rodríguez un 'tweet' de Díaz Ayuso que decía: "La Fiscalía Provincial de Madrid la preside una señora que fue directora general en el Ministerio de Justicia con Zapatero".

Llegados al 13 de marzo, a las 21:10, García Ortiz envió un mensaje de WhatsApp a Rodríguez: "Llámame cuando puedas". Y, "como no recibió una rápida respuesta, tres minutos más tarde el propio fiscal general del Estado trató de comunicarse con ella a través de una llamada de WhatsApp, sin éxito", expuso la UCO.

A las 21:54 del mismo día, Rodríguez se dirigió a García Ortiz para preguntarle a qué correo le mandaba los "correos cruzados de Julián y el abogado", a lo que el fiscal general le respondió con su cuenta personal. "Gracias", añadió él en otro 'whatsapp'.

Más tarde, a las 23:01 del 13 de marzo, el fiscal general volvió a ponerse en contacto con Rodríguez. "Hola, nos falta el mail que el 5 de marzo le manda Julián al abogado", escribió García Ortiz. Y en sucesivos mensaje apostilló: "Pídeselo por favor. Es el del que habla la prensa. Comunicándole la presentación de la denuncia".

A las 23:19 de esa misma noche, García Ortiz se comunicó otra vez con Rodríguez para saber "cuál es la fecha de presentación de la denuncia en el decanato" de los juzgados de Madrid. "5 de marzo", contestó ella, avisándole además de que estaba intentando contactar con Salto.

Poco después, a las 23:30, Rodríguez recibió dos nuevos mensajes del fiscal general: "El mail es de marzo, pero no sé de qué fecha. Puede que del 12", se lee en el primero. El segundo, concretó la UCO, "sería un extracto de la noticia de prensa publicada por 'El Mundo'" por resultar "clarificadora" respecto a esa fecha.

A las 23:43, García Ortiz insistió a Rodríguez para que en el momento en que tuviera el 'email' en cuestión se lo hiciera llegar: "En cuanto lo tengas. Lo necesitamos para cerrar el círculo". A las 23:45, Rodríguez le informó de que ya lo había conseguido y de que se lo había enviado. "Ok", respondió García Ortiz.

Al filo de la medianoche, a las 23:58, el jefe del Ministerio Público volvió a escribir a Rodríguez. "Y la falsedad?", preguntó interesándose por el procedimiento seguido habitualmente en la Fiscalía de delitos económicos de Madrid para los acuerdos de conformidad. "Entiendo que no hay pacto hasta finalizar la instrucción y dependiendo de la prueba. Que no se pacta antes todo", incidió, ya en los primeros minutos del 14 de marzo.

En esa madrugada del 14 de marzo, la UCO recogió otra serie de mensajes de WhatsApp sobre la nota de prensa que la Fiscalía acabó difundiendo a las 10.20 horas de ese día dando cuenta del cruce de 'emails' entre la defensa de González Amador y Salto. "Échale un vistazo y dime si está bien (no las fechas, que lo están), sino el fondo", le dijo a Rodríguez a las 00:14.

Tras consultar con otra fiscal, Rodríguez le trasladó que ambas pensaban que la nota de prensa estaba "perfecta". "Ok, gracias", reaccionó García Ortiz, a las 00:24. "Dale las gracias a Virna --la otra fiscal-- y a Julián (y un abrazo por soportar esto) y sobre todo a ti", remató García Ortiz un minuto después, poniendo fin a las conversación.

Una instrucción de 2019 en materia de protección de datos y una guía básica de actuaciones en la Fiscalía aconseja a los miembros de la institución borrar periódicamente los dispositivos electrónicos por motivos de seguridad, según informan a EFE fuentes fiscales.

Fuentes fiscales recuerdan que una instrucción aconseja la "destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso" y la "limitación del plazo de conservación" de datos personales "durante el tiempo estrictamente necesario".

Impone a los fiscales adoptar "medidas razonables para que los datos personales sean mantenidos de forma que se permita la identificación de los interesados durante el tiempo estrictamente necesario para los fines del tratamiento", añaden las fuentes.

También establece la "destrucción de forma segura de documentos y dispositivos en desuso utilizando, para la documentación en soporte papel, las destructoras o contenedores cerrados previstos al efecto".

La guía de actuaciones introduce una serie de medidas de seguridad como la limitación "al máximo" del "almacenamiento de información que contenga datos personales en soportes electrónicos portátiles (discos duros externos, memorias USB, etcétera)" y obliga a "su encriptación en caso de que se utilicen". También desaconseja almacenar "indefinidamente documentos en los soportes digitales ni en las cuentas de correo electrónico" y "eliminar los mismos una vez dejen de ser necesarios, asegurándose de que no queden residentes en la papelera", añaden las fuentes. 

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