El proyecto de ley de eficiencia de la Justicia sigue pendiente de ser aprobado, por el veto de Podemos a una enmienda que agilizará los desahucios en casos de ocupación; esta medida no es la única que decaerá si no prospera la ley: en riesgo están el fin de las ‘golden visa’ y que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual, entre otras.
El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez, ha advertido de que su formación no votará a favor de levantar el veto a esta ley "si no hay un compromiso de eliminar la cuestión de los desahucios exprés".
El pleno del Congreso debate y vota este jueves el veto del Senado a esta ley. Necesita para superarlo mayoría absoluta de la Cámara. Si no lo logra, la votación se repetirá dentro de dos meses y sólo será necesaria una mayoría simple.
De no levantarse el veto, la ley no será aprobada y, con ella, decaerán medidas como que los Juzgados de Violencia sobre la Mujer asuman las competencias en violencia sexual o la eliminación de las golden visa.
Durante su debate en el Congreso, Podemos acordó con el Gobierno introducir en la ley varias medidas para garantizar el acceso a la Justicia de las víctimas de violencias sexuales, en cumplimiento de la ley solo sí el sí.
Además, Podemos acordó con el Ministerio de Justicia poner en marcha la garantía de la justicia gratuita a todas las víctimas de violencia sexual, tal y como mandata la ley de garantía integral de la libertad sexual.
El texto incluye asimismo la especialización de los juzgados y jueces en violencia contra la infancia y la adolescencia.
En materia de eficiencia del sistema público de Justicia, el proyecto de ley contempla la implantación de los tribunales de instancia y las oficinas de justicia municipales, medidas que permitirían acercar la Justicia a los ciudadanos.
De esa manera quedarían suprimidos los visados y autorizaciones por la adquisición de inmuebles e inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general.
A través de otra enmienda pactada entre los grupos, se corregía el error técnico en la Ley de Paridad, impulsada por el Ministerio de Igualdad y que entró en vigo el pasado 22 de agosto, que ha acabado con la protección reforzada de las personas trabajadoras que se acogen a permisos o adaptación de jornada por cuidados.
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