El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha denunciado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ante la Fiscalía General del Estado por interceptar un sobre que iba a dirigido a él a pesar de estar aforado por su condición de diputado. Según su denuncia, se trata de hechos delictivos de "suma gravedad" porque vulneran su derecho fundamental al secreto de las comunicaciones.

Recuerda que la UCO intervino el teléfono de su exasesor Koldo García y captó una conversación que mantuvieron ambos y por la que pudieron conocer que García le enviaría documentación que le había entregado previamente el ya ex subsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez. Señala que esa documentación le iba a llega a través del hermano de Koldo García, Joseba García.

Indica que el 4 de noviembre de 2023 Joseba García quedó con él en Valencia, en su domicilio, y que previamente recogió esa documentación en Madrid de manos de Koldo García. Añade que entre Alicante y Valencia la furgoneta de Joseba fue interceptada por el Grupo de Acción Rápida (GAR) de la Guardia Civil y tras un registro localizaron el sobre donde iba la documentación "el cual iba nominado en la parte delantera del mismo a nombre de José Luis Ábalos Meco". "En el adverso estaba cerrado y con el sello oficial del MITMA", explica en la denuncia.

El exministro subraya que los agentes del GAR procedieron a abrir el sobre "y a fotografiar toda la documentación que contenía". Y explica que en el mismo iba una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno sobre las ofertas de mascarillas para el Covid-19 con informes técnicos y responsables de las compras a la empresa de Soluciones de Gestión.

También incluía el informe del Tribunal de Cuentas que fiscalizó en octubre de 2022 esos contratos de mascarillas, y la respuesta del Ministerio de Transportes de agosto de 2023 a la resolución del Consejo de Transparencia.

El exministro explica que tras el registro, la UCO siguió a Joseba García hasta su domicilio, vieron como entraba con ese sobre y como abandonaba poco después el edificio sin el mismo. Y resalta que le "tomaron fotografías a la salida", también de su coche para luego averiguar en bases de datos policiales la titularidad del mismo que figura a su nombre.

"Los hechos descritos en el apartado anterior son de suma gravedad, por cuanto, vulneran mi derecho fundamental a el secreto de las comunicaciones dado que yo era el destinatario de dicha documentación, y nunca consentí el que abriera dicha documentación, como tampoco al día de hoy existe en el procedimiento resolución judicial del Tribunal Supremo (por ser Aforado) que motive la apertura de correspondencia", explica.

Añade que en este caso, "el bien constitucionalmente protegido es el secreto las comunicaciones amparado en el artículo 18.3 de la Constitución al garantizar secreto de las comunicaciones y, en especial, las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial".

"Consecuentemente, la correspondencia privada solo puede ser abierta por terceras personas cuando exista de forma inequívoca el consentimiento del destinatario, o bien, autorización judicial conforme a lo regulado en el artículo 579 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, conforme doctrina asentada por el Tribunal Supremo en su sentencia 2 junio 1997", recalca.

Y subraya que el GAR realizó "la apertura de la correspondencia privada dirigida a un aforado, sin tener en consideración la protección que la Constitución y la Ley procesal otorga a la apertura de la correspondencia privada del aforado".

Al hilo, explica que la gravedad del hecho radica en que "una investigación realizada a un aforado vulnerando un derecho fundamental (...) ha tenido la trascendencia" de imputarle graves delitos. "Por tanto, no se puede entender actuación arbitraria, realizada en la detención y que documentación de la cual yo era destinatario, en mi condición de aforado, como simplemente un daño colateral".

Por todo ello, pide a la FGE que recabe la intervención telefónica de Koldo García de los días 3 y 4 de noviembre de 2023, el informe de la UCO de 4 de diciembre de 2023, y que se tome declaración al entonces subsecretario de Transportes, que consta además como investigado por esta causa en la Audiencia Nacional.

En una rueda de prensa desde el Congreso, el exministro socialista ha remarcado que, a pesar del "ruido", no está dispuesto a que esto sea "normal" y "asumible" en una democracia por mucho que "desagraden los personajes afectados".

"Es un hecho muy grave para la democracia, muy grave para el Estado de Derecho porque es una investigación al margen de una autorización judicial", ha defendido para posteriormente insistir en que esta circunstancia se podría haber llevado acabo legalmente si se hubiese pedido su consentimiento o si un juez hubiese solicitado la apertura de esa documentación y ha recordado que "nada de esto ha ocurrido".

Al hilo de esta cuestión, Ábalos ha explicado que su denuncia la ha presentado ante la Fiscalía porque es el órgano encargado de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público" y espera que se "tome nota" de la importancia, que a su juicio, tiene esta situación. Aún así, ha avanzado también que se "reserva" otras actuaciones judiciales para los posibles indicios que puedan ir apareciendo a lo largo de la causa.

"Esto no es un hallazgo casual de una investigación o un simple daño colateral, tenía un objetivo muy claro", ha sostenido, ya que, en palabras de Ábalos la investigación de los agentes está "liderada y dirigida" por un responsable.

Preguntado si cree que el actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pudo estar al frente de dicha investigación, Ábalos lo ha descartado de manera rotunda porque "no es de esa sensibilidad" y además de ministro es juez y "sabe lo que es la defensa de la justicia y las libertades".

Lo único que le pide a Marlaska es que no cierre "apresuradamente" las cosas y que de respuesta a la pregunta parlamentaria que registró sobre este asunto para conocer desde cuándo fue investigado y que lleve a cabo una auditoria de fuentes de datos porque "cuesta muy poco" saber si se le ha investigado.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press explican que el exministro, en su declaración voluntaria como investigado ante el juez Leopoldo Puente, comentó que la denuncia del PP que dio origen a la investigación sobre las adjudicaciones de contratos públicos para la compra de mascarillas partió de los 'populares' como acto de venganza por la investigación que se abrió en 2022 sobre otro contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Estas mismas fuentes han señalado que por esa razón, cuando ha llegado el turno de que preguntara el abogado del PP, el exministro le ha explicado que no le iba a responder a él dado que el partido de Alberto Núñez Feijóo fue el promotor de la causa.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde mantiene su escaño como diputado del Grupo Mixto, Ábalos , considera que existe un "pacto" entre el presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama y la Fiscalía a la que acusa de haber "comprado las tesis" de su defensa. Además, ha negado que exista un acuerdo con el PSOE para no perjudicar a cargos del partido e insiste en que no se produjeron amaños de contratos de obra pública y que él no se ha enriquecido.

También ha criticado el acuerdo que a su juicio existe entre el Ministerio Fiscal y Aldama. Se ha referido a él como "delincuente confeso", reprocha que no haya presentado indicios "serios" contra él y a pesar de todo la Fiscalía está dando crédito a su versión.

Una vez que Ábalos ha declarado ante el Tribunal Supremo y este haya apreciado indicios de varios delitos contra él, el exsecretario de Organización del PSOE defiende que no existe ningún pacto con la el partido ni con el Gobierno y ni siquiera mantiene comunicación con sus excompañeros. "Nada, cero, ningún contacto ni con el Gobierno ni con la dirección del partido", ha asegurado.

También ha negado que tenga algún tipo de acuerdo con su ayudante durante su etapa en el Ministerio Koldo García, también investigado en la misma causa, y cuyas versiones ante el juez coincidieron al negar ambos el relato ofrecido por Aldama.

"Si a alguno le sorprende la coincidencia de opiniones y sobre todo si a alguno le molesta que se contradiga el señor Aldama es un problema, no hay ningún pacto", ha remarcado.

"Afortunadamente estamos en un Estado de Derecho y la presunción de inocencia es un principio básico que deberíais respetar, ya sé que el circo os va, pero tendríais que respetar algo que nos ha costado mucho conseguir en esta democracia", ha dicho Ábalos en los pasillos del Congreso al ser preguntado por la decisión del Tribunal Supremo de solicitar el suplicatorio a la Cámara Baja.

Este miércoles, el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha acordado solicitar el suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad parlamentaria del ex ministro al apreciar "indicios bastantes" de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El exdirigente socialista cree que suplicatorio no es una sorpresa porque se sabía "desde el principio" que el Supremo acabaría solicitándolo y ha insistido en que "no" se ha enriquecido. Aún así, el diputado del Grupo Mixto tiene previsto ofrecer este jueves una rueda de prensa desde el Congreso para expresar su posición.

El suplicatorio de Ábalos se votará en febrero

Hoy se ha conocido que el suplicatorio de José Luis Ábalos ha llegado este jueves al Congreso, aunque su votación final no se espera antes de mediados de febrero dado que, conforme a la Constitución, el mes de enero está fuera del periodo ordinario de sesiones.

En concreto, el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, acordó este miércoles solicitar el suplicatorio de Ábalos al apreciar "indicios bastantes" de la comisión de hasta cuatro delitos: integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.

El magistrado entiende que es momento de recabar la autorización de la Cámara para investigar al ahora diputado del Grupo Mixto y para ello redactará una exposición razonada a la Sala Penal del Supremo para que se envié al Congreso.

El suplicatorio es un procedimiento parlamentario que se instruye en la Comisión del Estatuto del Diputado, que preside el 'popular' Manuel Cobo y de la que forma parte un miembro de cada grupo parlamentario. Sus reuniones, dado los asuntos que tratan, son siempre a puerta cerrada.

Según han confirmado fuentes parlamentarias, este jueves la Cámara Baja ha recibido el procedimiento, a partir de ahí, la Mesa de la Cámara lo remitirá a la comisión, que dispondrá de un plazo de 30 días hábiles para presentar una propuesta. En ese plazo deberá dar audiencia al también ex secretario de Organización del PSOE que podrá pronunciarse en persona o por escrito en el plazo que fije la propia comisión.

Una vez concluya su tarea, la comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra. En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas.

Pero en este caso la tramitación choca con el mes de enero, en el que no hay actividad ordinaria salvo que la Mesa de la Cámara habilite a la comisión para ir celebrando reuniones y así ir avanzando trabajos.

El debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público, sino que se desarrolla con el hemiciclo a puerta cerrada y sin transparencia. Los diputados tampoco están obligados a seguir consignas de voto ya que su voto es secreto. Sólo se da a conocer el resultado.

En el plazo de ocho días contados a partir del acuerdo del Pleno de la Cámara sobre concesión o denegación de la autorización solicitada, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dará traslado del mismo a la autoridad judicial, advirtiéndole de la obligación de comunicar a la Cámara los autos y sentencias que se dicten y afecten personalmente al diputado.

Por el contrario, el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de sesenta días naturales, computados durante el período de sesiones, a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 33 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado). La última negativa del Congreso data de 1988 y se refiere a un contencioso por derecho al honor que tenía como protagonista al exministro socialista José Barrionuevo y el hermano de un etarra (el ahora arrepentido Soares Gamboa) por incluir sus fotos en carteles de Interior.

En el caso de Ábalos, se da por segura la concesión del suplicatorio ya que incluso el PSOE ha adelantado que lo apoyará cuando tenga lugar la votación, ya que su deseo es esclarecer el caso lo antes posible y llegar hasta el final.

El último suplicatorio que salió adelante data de septiembre de 2022, cuando la Cámara dio vía libre al Supremo para investigar al fuera diputado del PP Alberto Casero por presuntos delitos de prevaricación y malversación, por contratos que realizó como alcalde de Trujillo (Cáceres).

En aquella legislatura se concedieron también suplicatorios a la expresidenta de Junts Laura Borràs, que acabó condenada por haber fraccionado contratos en favor de un amigo en su etapa de directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y a Alberto Rodríguez, que era diputado de Podemos. El Supremo le condenó por haber propinado una patada a un policía en una manifestación antes de ser diputado. Le impuso una multa y le inhabilitó para concurrir a las elecciones, lo que le costó el escaño. Después el Tribunal Constitucional anuló la condena, pero ya no pudo recuperar su acta.

En legislaturas anteriores se autorizó a juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'. El del exconsejero socialista José Antonio Viera, investigado por los ERE, no llegó a completar la tramitación por dimisión del afectado.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.

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