El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para actualizar el derecho a la rectificación en las publicaciones en redes sociales y plataformas digitales en un intento contra "los bulos". El objetivo de adaptarlo al ecosistema de internet y de responder al impacto que los bulos están teniendo en la democracia. Los llamados usuarios de relevancia, con más de 100.000 seguidores en redes sociales tendrán que acogerse a la ley como cualquier medio de comunicación.
La principal novedad de la norma es que la ciudadanía podrá ejercer su derecho a la rectificación en los medios de comunicación, en las plataformas digitales y en cuentas con usuarios relevantes de redes sociales que tengan más de 100.000 seguidores en una red o más de 200.000 en todas las plataformas en las que esté presente, según ha informado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños .
"Hay usuarios de especial relevancia que se dedican a mentir todos los días y los ciudadanos tenemos derecho a defendernos contra los buleros profesionales", ha subrayado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Otra de las novedades de la futura norma es que amplía las personas legitimadas que pueden ejercer el derecho a la rectificación y que agiliza los procedimientos.
- Se amplía el plazo para presentar la solicitud de rectificación hasta los 10 días (en la actual ley eran siete).
- Se modifica el requisito de la anterior norma de que el escrito de rectificación debía ir dirigido necesariamente al director de un medio de comunicación. Ese requisito ahora será potestativo y la remisión del escrito se facilitará porque en los casos de los "pseudomedios", según el ministro, es difícil conocer quién lo dirige.
- Se suprime el requisito de la contestación por escrito de la demanda, con lo que será más rápida la sentencia judicial.
Bolaños en la comparecencia tras el Consejo de Ministros ha explicado que el anteproyecto de ley orgánica reguladora del derecho de rectificación es un texto legal nuevo que sustituirá a la ley de 1984 y que deriva del Plan de Acción por la Democracia.
El responsable de Justicia ha explicado que el Ejecutivo pretende "promover una mayor calidad en el debate público, facilitar y garantizar el derecho a la rectificación" cuando alguien se vea afectado por una información falsa o inexacta, un bulo o una mentira.
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