El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, imputado en el Tribunal Supremo por el caso Koldo, niega tener "dinero, ni patrimonio, ni nada" en el extranjero, "ni de forma directa ni a través de terceras personas", y asegura que "los pagos en efectivo no se pueden demostrar, porque no existieron".

"¿Que si tengo fondos en la República Dominicana?, ¿yo qué tengo que ver con todo eso?", se pregunta el exdirigente socialista en una entrevista telefónica con El País recogida por EFE, en referencia a las acusaciones del considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama.

Ábalos, que declarará el 12 de diciembre en el Tribunal Supremo como investigado por presunta organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, señala que "en general, todo lo que dice (Aldama) es mentira" aunque "algunas cosas son verdad" porque "para que una historia sea creíble, siempre tienes que decir alguna verdad".

Así, desmiente que fuera a quedarse con un piso en el Paseo de la Castellana a cambio de dar contratos públicos a determinadas constructoras: "Es todo mentira. En el piso había un inquilino. No me acuerdo si llegué a firmar ese contrato. Pero era imposible materializar".

Lo mismo sobre el disfrute de un chalé en Cádiz, supuestamente adquirido por la trama: "Puedo demostrar que tengo un contrato de alquiler, que he pagado las mensualidades desde mi cuenta, que me desahuciaron, y que hay dos inspecciones de Hacienda de 2022 y 2023 que así lo acreditan", dice.

Niega también conocer de nada a la empresaria de hidrocarburos Carmen Pano, quien declaró a El Español haber acudido en octubre de 2020 a la segunda planta de la sede del PSOE en la calle de Ferraz para entregar dos bolsas con 90.000 euros en efectivo a cambio de favores políticos.

José Luis Ábalos se siente diana de una "cloaca mediática" y lamenta haberse convertido en "material desechable", incluso metiendo a su familia por medio. Para el exministro en este proceso su intimidad ha quedado "reventada" y su imputación "estaba predeterminada".

La Justicia trata de desentrañar un entramado que supuestamente se lucró con comisiones en contratos de mascarillas adjudicados por organismos públicos, la mayoría dependientes de Transportes, a la empresa Soluciones de Gestión en plena pandemia por unos 54 millones de euros.

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