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El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha propuesto en la ponencia marco para el 41º Congreso federal del partido la reforma de al menos seis aspectos de la Constitución para blindar los logros conseguidos "frente al avance de la ultraderecha", desde el derecho al aborto hasta la obligatoriedad de revalorizar el Salario Mínimo Profesional.
La ponencia marco menciona directamente reformar la Constitución para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre cónyuges del mismo sexo, el carácter público de la vivienda protegida, la obligatoriedad de revalorizar el Salario Mínimo Profesional, la paridad de género como principio rector en las instituciones y el derecho a la seguridad climática y al agua potable.
Además, sin mencionar expresamente la necesidad de una reforma constitucional, plantea cambiar el Senado para hacer coincidir las circunscripciones "con el ámbito territorial autonómico" en lugar de con las provincias, como establece el artículo 69 de la Constitución, y también habilitar un "escaño ciudadano" en las dos cámaras como espacio de participación directa de la ciudadanía, que podría afectar al Título III de la carta magna.
La mayoría de esas reformas se incluyen genéricamente bajo el epígrafe "Algunos 'imposibles' que lograremos", en el que se propone que "los avances logrados" tengan que ser "observados y respetados en cada momento y territorio, independientemente del signo político que gobierne". Además, "los consensos construidos durante años por las mayorías de nuestro país no pueden estar al albur de la agenda regresiva de unos pocos", dice más adelante, y, "por eso", precisa que "incluiremos en la Constitución el derecho al matrimonio entre cónyuges del mismo género, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, y la paridad de género como principio rector en las instituciones".
También detalla que "incluiremos en la Constitución la obligatoriedad de revalorizar el SMI para que siempre esté por encima del 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea". Igualmente, defiende incluir en la Constitución "el derecho a la seguridad climática y al agua potable, y el derecho de las generaciones futuras a heredar un planeta saludable y sostenible", en el mismo punto en el que habla de situar el acceso a la sanidad pública universal al mismo nivel jurídico que el derecho a la educación, bloqueando cualquier intento de privatización del Sistema Nacional de Salud y de los diversos sistemas autonómicos, y de blindar la titularidad pública permanente de las viviendas de promoción pública.
Varias de las propuestas de la ponencia marco se refieren al funcionamiento del Estado de las autonomías, que la ponencia aborda en un capítulo completo, el octavo, y menciona en muchos otros. Así pues, bajo el título de "Una España cohesionada en la diversidad", se propone ahondar en un proceso de federalización "justa y solidaria" del Estado, "mejorar la claridad del reparto competencial" y lograr un sistema de financiación autonómica "más justo y sostenible" que aumente los recursos disponibles de todas las comunidades.
Plantea revisar la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF, negociar un alivio de la deuda pública de las comunidades generada durante la crisis financiera y "federalizar" la dirección de la Agencia Tributaria para dar más capacidad de decisión a las autonomías. Y todo ello haciendo compatible multilateralidad y bilateralidad, como viene defendiendo el partido y el Gobierno frente a las comunidades del PP.
El PSOE ha asumido propuestas de otros partidos de izquierda, como avanzar en la reducción de la jornada laboral hasta las 36 horas semanales u obligar por ley a las grandes empresas a repartir una parte de sus beneficios entre sus empleados, en línea con países como Francia, para involucrar más a los trabajadores y lograr una "distribución más equitativa de la riqueza".
Persiguen también los socialistas una ley que prohíba el envío de armas y la cooperación militar con cualquier Estado, sin citar a Israel, que "viole el derecho internacional y ataque a civiles inocentes" y remarca su compromiso de perseguir "a quienes lo hagan a través de una Corte Penal Internacional y una Corte Internacional de Justicia".
En materia de vivienda, apuesta por prohibir que las de uso residencial se conviertan en turísticas y de temporada en zonas de alta demanda, para así "contener precios y garantizar el derecho de la ciudadanía a un hogar". Propone avanzar en la legislación sobre comunicación e información con una reforma que obligue a todos los medios "a hacer públicas sus fuentes de financiación" y se exigirá también la creación de sistemas de verificación en los mismos, en redes sociales y en sistemas de mensajería para que informen a la ciudadanía sobre los contenidos falsos y desincentivar su circulación. En este apartado, se detiene en un plan de alfabetización mediática en los institutos que enseñe a contrastar la información, a identificar noticias falsas y bulos generados por inteligencia artificial.
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