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Mientras en la sesión de control al Gobierno de este miércoles PP y PSOE han vuelto a enzarzarse con la trama Koldo como principal protagonista, la Fiscalía Anticorrupción ha enviado al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso un informe en el que insta a que se pida al Tribunal Supremo que investigue al exministro José Luis Ábalos. Lo hace al apreciar, --según expone--, indicios de la comisión de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal.
El Ministerio Público se remite en su escrito al último informe aportado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, Ismael Moreno, según han confirmado fuentes fiscales citadas por Europa Press.
La petición de la Fiscalía llega dada la condición de aforado de Ábalos como diputado, lo que hace que solo el alto tribunal sea el competente para poder investigarle. Será el Supremo, si así lo solicita el juez, el que decida si indaga únicamente en los hechos relativos al exministro o si descarta hacerlo.
En el citado informe, conocido la pasada semana, los agentes atribuían al que fuera titular de Transportes un "papel relevante" y de "responsablidad" en la presunta trama del 'caso Koldo' al tiempo que pedía al juez de la Audiencia Nacional que le investigase.
Según la UCO, "la enumeración lógica de indicios expuestos hasta este momento ofrece una aproximación a los hechos en la que Ábalos adquiere un papel relevante y de responsabilidad en su relación directa con Koldo (García, su exasesor), (el empresario Víctor de) Aldama y la organización criminal dinamizada por este último".
Así, el Instituto Armado sostiene que "se debería investigar qué relación tendría el exministro" con la "organización criminal y los hechos investigados, para lo cual se requeriría iniciar una investigación sobre esta persona, actualmente aforada".
Entre la batería de "indicios" a los que hace referencia la UCO en su informe, los investigadores explican que, --gracias a las "evidencias intervenidas a Aldama y Koldo" y las conversaciones interceptadas--, han "hallado una relación de carácter económico entre Aldama y Koldo - Ábalos".
En ese informe la Benemérita también precisaba que "las conversaciones halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos permiten apreciar de manera indiciaria como Aldama se valió de su relación con Koldo-Ábalos para influir en la concesión final del rescate a Air Europa".
Según consta en estos documentos, "el 16 de julio de 2020 se habrían reunido el presidente del Gobierno, a quien Víctor de Aldama, en conversaciones con personas de su círculo más próximo, se refiere como 'el 1'; Nadia Calviño, a quien denomina "la de Hacienda"; y Ábalos".
Así, los agentes recalcaban que el día que se celebró dicha reunión, Aldama y el entonces consejero delegado de Globalia Javier Hidalgo habrían acudido al Ministerio de Transportes para reunirse con Ábalos.
Más allá, y en otro asunto, la UCO señalaba que Ábalos informó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que la entonces vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, haría una visita privada a España y que le había pedido verse "discretamente". Según dijo, el jefe del Ejecutivo no puso "pegas".
"La vicepresidenta de Venezuela viene en privado el lunes y quiere verme discretamente como continuación del encuentro que tuve con el ministro de comunicación (que es su hermano). La gestión que acordamos en favor de las empresas españolas ha permitido que Duro Felguera haya cobrado una importante deuda", rezaba el mensaje enviado por Ábalos a Sánchez, del que consta una captura de pantalla en el informe de la UCO.
Los agentes consideran que de dicho mensaje, que Ábalos remitió en una captura de pantalla a Koldo, "se aprecia" que se "obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy".
A su vez, apuntaban que --durante la permanencia de Ábalos y Koldo en el Ministerio-- Aldama, realizó "habitualmente" diversas actividades como "labores de intermediación entre España y Venezuela". También se comunicó con Delcy Rodríguez para trasladarle un mensaje "del jefe" en relación a la reunión del opositor venezolano Leopoldo López con Pedro Sánchez en la sede del PSOE, según el informe.
La UCO subrayaba que Aldama y la 'número dos' de Nicolás Maduro trataron "asuntos de gran sensibilidad" para ambos, incluido temas ligados con la compraventa de oro venezolano.
A este respecto, el propio Pedro Sánchez se pronunció la pasada semana reconociendo que Ábalos le informó de la visita de Delcy Rodríguez, pero recalcando que "cuando el Gobierno de España se percató" de que había unas "sanciones individuales" que pesaban sobre Delcy Rodríguez "se canceló la visita". "Esa es la participación del Gobierno de España" en ese episodio, defendió, recalcando que sobre "cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas" tendrán que "responder aquellas personas involucradas".
Más allá, en el informe de la UCO los investigadores insistían en que hay indicios suficientes, "obtenidos de manera directa del material obrante en la causa", que "vincularían la participación de Ábalos en los contratos investigados, con la compra por parte de Aldama de un chalet para el propio exministro".
Sobre este extremo, precisaban que Aldama --considerado el presunto conseguidor de la trama-- "gestionó la compra del chalet, inicialmente a través de una serie de ciudadanos venezolanos que se inicia pero no culmina de manera existosa", y, posteriormente, "valiéndose económicamente de una presunta trama dedicada al fraude en el sector de los hidrocarburos".
La UCO apuntaba que Ábalos llegó a "disponer" del chalet 'La Alcaidesa' --situado en La Línea de la Concepción-- y pudo incluso poner "en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos". Dicha propiedad, señalan los agentes, fue adquirida por Aldama por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario.
En el informe figuraba también otro inmueble. La UCO ha hallado "evidencias" de que un presunto "testaferro" pagó 82.298 euros para alquilar un piso en Plaza España, Madrid, en el que residía J.R.G., pareja de Ábalos.
De las conversaciones intervenidas, los investigadores señalaban que la mujer tenía un contrato laboral con INECO --empresa dependiente del Ministerio de Transportes-- y estuvo en la empresa pública TRAGSATEC --dependiente de la SEPI--.
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