El pleno del Congreso debate este martes una iniciativa del PP para reformar la ley electoral y prohibir que los condenados por terrorismo puedan presentarse a las elecciones si no se han arrepentido y han pedido perdón a las víctimas y si no han colaborado con la Justicia.

El día después de que la mayoría absoluta del PP en el Senado rechazara la ley sobre intercambio de antecedentes penales en la UE, que permitirá la excarcelación anticipada de presos etarras, y la devolviera al Congreso, los populares llevan al pleno de la Cámara Baja una proposición de ley con la que recoge otra petición de las asociaciones de víctimas.

Su objetivo es poner trabas a la presencia de etarras en listas electorales, después de que EH-Bildu incluyera en sus candidaturas para las elecciones del 28 de mayo de 2023 a 44 condenados por pertenencia y colaboración con ETA, entre ellos siete por asesinatos.

La proposición implica reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para que no puedan ser candidatos los condenados por terrorismo que no acrediten documentalmente su rechazo al terrorismo, su arrepentimiento, su petición de perdón a las víctimas y su compromiso de colaboración con la Justicia para esclarecer los crímenes todavía no resueltos.

Deberán además acreditar que han pagado todas las indemnizaciones que les fueron impuestas como responsabilidad civil y el resto de penas accesorias.

El PP plantea asimismo que, tras la presentación de las candidaturas, el Gobierno compruebe que los candidatos cumplen los requisitos.

Los populares insisten en que es necesario "proteger, reconocer, ayudar, compensar y honrar la memoria de las víctimas" y "extremar las cautelas" frente a los terroristas que pretenden formar parte de las instituciones sin arrepentirse por el dolor causado y sin colaborar con la justicia.

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