La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha hallado "evidencias" de que un presunto "testaferro" pagó 82.298 euros para alquilar un piso en la Plaza de España, en Madrid, en el que residía J.R.G., pareja de José Luis Ábalos. Por otra parte, ha planteado al juez investigar al exministro socialista de Transportes por su "papel relevante" en el caso Koldo.

En un informe fechado a 8 de octubre, los agentes indican que, del total de 88.101 euros abonados en concepto del alquiler, el supuesto conseguidor de la trama Koldo, el empresario Víctor de Aldama cubrió a través de ese testaferro los 82.298 euros. Aldama ha sido enviado a prisión por el magistrado Pedraz.

La UCO también explica que, entre los años 2018 y 2022, el actual diputado del Grupo Mixto, que recientemente ha pedido su readmisión como afiliado del PSOE, "mantendría una relación particular" con una mujer, J.R.G, que fue quien disfrutó de la mencionada vivienda en la capital española.

De las conversaciones intervenidas, los investigadores señalan que, en ese periodo, ella llegó a recordarle a Ábalos que su contrato laboral con INECO -empresa dependiente del Ministerio de Transportes- expiraba en unos días. En 2021, estuvo por seis meses en la empresa pública TRAGSATEC, dependiente de la SEPI. "Este contrato fue enviado por J.R.G. A Koldo" en junio de ese año.

"Habiendo contextualizado la relación personal y profesional de J.R.G., se han hallado evidencias de que de manera simultánea a la duración de sus contratos, J.R.G. se encontraba residiendo en una vivienda sita en la Plaza de España", apuntan los agentes.

En el marco del informe, los investigadores precisan que, según la inmobiliaria, se pagó el alquiler de marzo de 2019 a septiembre de 2021, pero J.R.G. continuó viviendo en ese inmueble hasta finales de marzo de 2022.

La Guardia Civil sospecha que quien hizo los pagos del alquiler fue un "presunto testaferro" que ha sido detenido en el marco de esta investigación.

"La observación de la información aportada por la inmobiliaria evidencia que el pago del alquiler del inmueble en el que residía J.R.G., vinculada de manera muy personal a Ábalos, era responsabilidad de Aldama, ya un año antes de las adjudicaciones públicas que dieron origen a la investigación. Este se valió de las personas y sociedades bajo su control, en este caso de su presunto testaferro", añaden los agentes.

En el mismo informe, los agentes apuntan que Ábalos llegó a "disponer" del chalet 'La Alcaidesa' -situado en La Línea de la Concepción (Cádiz)-, que pudo incluso poner "en alquiler y poder obtener así rendimientos económicos". Esa propiedad, señalan, fue adquirida por Aldama por valor de 526.000 euros empleando sociedades presuntamente controladas por Claudio Rivas, socio del empresario.

Asimismo, revela que la empresa titular de la casa, Have Got Time, envió a Ábalos un burofax en el que le solicitaba el pago de varias mensualidades. Koldo, según apunta el documento, contactó con Aldama para quejarse por esa reclamación al exministro. "Esto ya es la ostia", le escribió.

"Se colige por tanto que el verdadero responsable de efectuar el pago de esas mensualidades no atendidas podría no ser Ábalos sino el propio Aldama a través de alguien de su esfera de control", argumentan los agentes.

La adquisición de ese chalet llegó después de que Ábalos enviase a su entonces asesor "de manera general y sin contexto enlaces de inmuebles", todos ellos "de similares características: chalets independientes ubicados en localidades costeras de la provincia de Málaga o Cádiz".

Entre las anotaciones requisadas por la UCO a Aldama se encontraron dos notas: en una, aparece la cifra de dos millones junto al nombre 'El Gran'. Los agentes consideran que 'El Gran' podría ser 'Grandullón', "en referencia a Koldo".

La otra anotación es 500.000, junto con las palabras 'casa' y 'goblins'. "De lo que se deduce que el propio Aldama tenía considerado entre sus gastos un inmueble de un valor de en torno a 500.000 euros vinculado a alguien a quien denominaba goblins", apunta la Guardia Civil.

En el informe de la Guardia Civil queda reflejado también el nivel de representación que tenía Aldama, el comisionista de la trama Koldo, como interlocutor entre España y Venezuela.

Aldama negoció con la vicepresidenta del país sudamericano, Delcy Rodríguez, la compra de 104 lingotes de oro venezolano por un valor de 62,6 millones de euros entre el Fondo de Desarrollo Nacional de Venezuela y BANCASA.

El comisionista le mandó un mensaje en el que le avisaba de que lo "amarillo estaba ya todo listo". Los investigadores concluyen que "por lo amarillo", Aldama estaba haciendo referencia a ese oro del contrato, que salió de Moscú, pasó por Zambia y acabó en Caracas el 3 de enero, 15 días antes del viaje de Rodríguez a España.

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