El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha citado como investigados al que fuera secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez, al ex director adjunto operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino y a varios excargos policiales por las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre varios cargos de Podemos.

En una providencia el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 cita para el 28 de octubre a las 10.15 horas como investigado a Martínez. Ese mismo día, el instructor ha llamado a sede judicial como imputado al que fuera jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño.

Cabe recordar que éste último sufrió un ictus en mayo de 2022 que llevó a que el entonces instructor del 'caso Villarejo', Manuel García Castellón, archivase la causa para él por su estado de salud.

Ya el 29 de octubre, el juez Pedraz tomará declaración como investigados a partir de las 10.15 horas a Pino y al inspector de la Policía José Ángel Fuentes Gago. La ronda de declaraciones se completará el 6 de noviembre a partir de la misma hora, cuando el magistrado interrogará al comisario Andrés Gómez Gordo y al exjefe de Información de la Policía Germán Rodríguez Castiñeira.

En su resolución, el magistrado también da luz verde a "la práctica de las testificales solicitadas por Podemos para el esclarecimiento de los hechos". Sin embargo, aclara que las mismas quedan pendientes de señalar según la disponibilidad del calendario del juzgado.

Podemos presentó una querella por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.

En su escrito, Podemos aseguraba que los querellados --bajo el supuesto liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad-- "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".

Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente a Fernández Díaz, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.

El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

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