María Jesús Montero rechaza un acuerdo con el novio de Ayuso y este la demandará ante el Supremo
La defensa de la ministra de Economía, María Jesús Montero, está a cargo de la Abogacía del Estado
María Jesús Montero dijo en el Senado que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".
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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, no ha acudido este miércoles al acto de conciliación convocado en un juzgado madrileño tras la demanda que interpuso contra ella Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por intromisión al honor.
Según han informado fuentes jurídicas, el acto de conciliación convocado en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid, en el que se ofrece llegar a un acuerdo para evitar la demanda, ha quedado sin efecto, ya que por parte de la ministra Montero no ha acudido nadie, de manera que ahora será el demandante el que tiene que decidir si sigue adelante con el proceso.
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La ministra está representada en este proceso por la Abogacía del Estado, han precisado las fuentes.
González Amador anunció esta demanda por las palabras que pronunció Montero en la sesión de control en el Senado el pasado 12 de marzo, donde dijo que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude".
La vicepresidenta primera hizo estas declaraciones en referencia a las informaciones periodísticas que avanzaban la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra la pareja de Ayuso por un presunto fraude fiscal superior a 350.000 euros y de que la presidenta autonómica residía en un piso de un millón de euros que se pagó después de que Hacienda estuviese investigando a su pareja.
La defensa de González Amador anunció entonces varias demandas contra Montero por intromisión al honor y por revelación de secretos tras conocerse algunos de sus datos fiscales, además de otra querella contra la Fiscalía por la nota difundida en la que se informaba del pacto alcanzado con Hacienda en el que reconocía la autoría de la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades.
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