España expulsa a Marruecos a uno de los condenados por los atentados de Barcelona del 17-A
Se produjo el pasado abril cuando se le revocó el permiso de residencia
Condenado por prestar su documentación y una furgoneta para comprar y transportar artefactos explosivos
El Gobierno, dispuesto a desclasificar documentos del CNI sobre los atentados de 2017, que Junts exige investigar
Said Ben Iazza, uno de los tres condenados por los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, en los que fallecieron 16 personas, vive desde hace seis meses en Marruecos, una vez que fue expulsado por el Ministerio del Interior.
Fuentes de Interior han confirmado a EFE la expulsión, adelantada por El País, que se produjo el pasado abril, cuando se le revocó el permiso de residencia poco después de que el Tribunal Supremo rebajara su condena de 8 años a 18 meses de cárcel.
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La Audiencia Nacional condenó a Ben Iazza por un delito de colaboración por prestar su documentación y una furgoneta para comprar y transportar artefactos explosivos.
En libertad provisional desde 221
Said Ben Iazza fue detenido en 2017, si bien desde septiembre de 2021 se encontraba en libertad provisional, dado que ya había cumplido 4 años en prisión preventiva (el límite legal máximo) y la sentencia aún no era firme.
En abril de 2023, el Ministerio del Interior pidió a la Audiencia Nacional que autorizase su expulsión "por su presunta participación en actividades contrarias a la seguridad nacional", pero el tribunal lo denegó a la espera del recurso que estaba en el Supremo.
El alto tribunal rebajó su condena a 18 meses de prisión porque existen dudas razonables de que conociera con suficiente detalle que, con sus actos, colaboraba con la organización terrorista, por lo que su pena quedaba extinguida al haberse dado por cumplida.
Cinco meses después la policía le notificó que su autorización de residencia había sido revocada y que se le había abierto un expediente preferente de expulsión, según explica El País.
La Audiencia acordó su expulsión administrativa a Casablanca, "sin responsabilidades penales de cumplimiento" el pasado 20 de abril.
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