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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado este jueves definitivamente el recurso presentado por el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y su exconseller Toni Comín contra el Parlamento Europeo por no haberles reconocido inicialmente como eurodiputados tras las elecciones europeas de mayo de 2019 ni la inmunidad asociada.
El Alto Tribunal avala la sentencia en primera instancia en la que el Tribunal General declaró que el entonces presidente de la Eurocámara, el conservador Antonio Tajani, no podía apartarse de la lista de diputados electos que las autoridades españolas le habían notificado oficialmente, lista de la que la Junta Electoral Central (JEC) dejó fuera a los dos políticos independentistas por no acudir a Madrid a acatar la Constitución.
Según avisa el Tribunal con sede en Luxemburgo, el presidente de la Eurocámara no dispone de ninguna competencia para controlar la exactitud de la lista remitida por la JEC, porque de hacerlo podría quebrantar el reparto de competencias entre la Unión Europea y los Estados miembro.
Por su parte, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha desmentido que haya pedido una reunión al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Waterloo (Bélgica) como condición para que los siete diputados de JxCat den apoyo al ejecutivo en el Congreso de los Diputados.
"Lo diré sin ambages: esto es mentira", ha asegurado Puigdemont en un mensaje en X en respuesta a una información en la que se asegura que la reunión con Sánchez es la condición puesta por el dirigente independentista para apoyar al Gobierno.
El pasado viernes, una delegación del PSOE se desplazó a Suiza para reunirse con dirigentes de JxCat con la intención de rehacer puentes con la formación que lidera Puigdemont, en un contexto en el que sus siete votos son clave para aprobar la senda de déficit del Gobierno, que retiró del pleno ante la falta de apoyo de los independentistas.
Como base para comenzar a negociar, Junts apunta a una iniciativa aprobada en 2014 en el Parlamento de Cataluña, con los votos favorables del PSC, en la que se pedía otorgar a las comunidades autónomas "un tercio, como mínimo", del objetivo total de déficit de todo el Estado.
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