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El consejo de guerra que juzgó al president de la Generalitat que fue fusilado por el régimen franquista, Lluís Companys, ha sido declarado "ilegal e ilegítimo" por el Gobierno ya que "padeció persecución por razones políticas e ideológicas", El Departamento de Justicia del ejecutivo catalán ha recibido una declaración de reconocimiento y reparación personal hacia la figura de Companys por parte de las peticiones realizadas por el Govern de ERC, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno. En ella se juzga la sentencia que lo condenó a muerte y las represalias que sufrió por ser el presidente de la Generalitat.
La declaración de reparación del Gobierno considera "ilegítimas y nulas las condenas del consejo de guerra y las sentencias emitidas por estos y otros tribunales contra el presidente" de la Generalitat, hechas hace casi 84 años. Así pues, por primera vez, el Gobierno reconoce de manera oficial que Companys fue "represaliado, condenado y fusilado por ser el máximo representante de la Generalitat y por su militancia e ideología".
El escrito que ha realizado el Gobierno declara que Companys fue juzgado por "haber sido abogado de los sindicatos únicos y de la CNT, por haber organizado la Unión de Rabassaires, por haber sido fundador de ERC, por haber proclamado la República el 14 de abril de 1931 y por cargos públicos ejercidos durante la Segunda República, concretamente, por haber ocupado la presidencia de la Generalitat" de Cataluña.
El Gobierno dictamina, por estos motivos, como "ilegales e ilegítimos, tanto el Tribunal Regional de Responsabilidad Política de Barcelona como el consejo de guerra sumarísimo" que enjuiciaron en el pasado al que fue president de la Generalitat. Además, el ejecutivo manifiesta que Companys tiene "derecho al reconocimiento y a obtener la reparación moral y la recuperación de su memoria personal, familiar y colectiva".
El Ministerio, por consecuencia, ha declarado como ilegítimas y nulas las sanciones, resoluciones o condenas realizadas contra Companys por "razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra de España o la dictadura posterior".
El Govern aprobó, en noviembre de 2023, un acuerdo para iniciar el procedimiento para solicitar al Ejecutivo la formalización de la nulidad de las resoluciones impuestas a Companys, una de las cuales lo sentenció a muerte.
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