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La defensa de Begoña Gómez, investigada por presuntos delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, ha pedido al juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, que no se grabe su imagen durante su declaración en sede judicial, dada su “relevancia pública”.
En su lugar, su defensa, representada por el abogado Antonio Camacho, ha pedido que solo se grabe el audio de la declaración, que está prevista para este viernes en los Juzgados de Plaza de Castilla a las 10:00 horas, según apunta ABC.
El juez que investiga a la esposa del presidente Pedro Sánchez explicaba ayer en un auto qué hechos denunciados son los que trata de esclarecer. Respondiendo al recurso que presentó su defensa y la Fiscalía, aclaró que “solo” envió a la Fiscalía Europea tres contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, pero que hay más contrataciones de las que resultó beneficiario y por las que Begoña Gómez debe seguir investigada.
Concretamente, en el recurso las defensas denunciaban indefensión y pedían al magistrado que aclarase exactamente qué investigaba, algo ante lo que Peinado ha accedido y ha contestado que instruye, sobre todo, lo que se planteó en la denuncia inicial de Manos Limpias contra la esposa del presidente, salvo los contratos adjudicados por Red.es a la empresa de Carlos Barrabés, que han quedado en manos de la Fiscalía Europea.
El juez no especifica en su auto ninguno de los contratos por los que dice que Begoña Gómez sigue investigada, pero concreta que "los hechos objeto de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno de España, que se contienen en la denuncia inicial", con exclusión de los tres que envió a la Fiscalía Europea.
Son tres adjudicaciones de la empresa pública Red.es a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Innova Next y Escuela de Negocios The Valley, que estaban financiados con fondos europeos.
No obstante, éstos, subraya el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, "no son todos los adjudicados" a Barrabés y tampoco todos los que se le concedieron "han sido financiados con fondos europeos", de modo que deben seguir investigándose en el juzgado.
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