La defensa del expresident catalán Carles Puigdemont ha señalado al Tribunal Supremo que "una lectura desapasionada" de la ley de amnistía "permite manifiestamente su aplicación a los hechos (...) calificados como delito de malversación de caudales públicos" en el auto por el que el Supremo le procesó por su participación en el 'procés' independentista catalán. La petición coincide con la expresada también por la Fiscalía del alto tribunal que reclama la aplicación de la amnistía y que anule su orden de detención.
Así lo explica el abogado Gonzalo Boye en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que solicita además "el levantamiento de las medidas cautelares" que le afectan, refiriéndose específicamente a la orden de busca y captura e ingreso en prisión que pesa sobre él y que fue acordada mediante auto de 12 de enero de 2023.
En 23 páginas, responde a la petición del instructor del 'procés', el magistrado Pablo Llarena, de que se posicionaran sobre si era aplicable el perdón para ese delito concreto. Para el letrado, "no cabe duda alguna acerca de que los presuntos actos atribuidos a las personas ilegalmente procesadas en la presente causa penal, calificados de delito de malversación de caudales públicos, de haber existido, lo habrían sido con la intención de promover o procurar la celebración del referéndum de autodeterminación celebrado el 1 de octubre de 2017".
La petición de la defensa del expresidente catalán coincide con la peticón de la Fiscalía que se ha dirigido al Tribunal Supremo para reclamarle que levante la orden de arresto contra Carles Puigdemont y que declare amnistiados todos los delitos que se le atribuyen a él y al resto de líderes independentistas implicados en el "procés".
En sendos informes, el ministerio público solicita formalmente al alto tribunal que aplique la ley de amnistía íntegramente al exvicepresident Oriol Junqueras y al resto de condenados, así como a aquellos que huyeron, incluido Puigdemont, dos de sus exconsellers -Toni Comín y Lluis Puig- o la dirigente de ERC Marta Rovira, a quienes reclama que se les retire las órdenes de detención.
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