El PP quiere retomar la negociación con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde se dejó antes del inicio de la campaña de las elecciones europeas del pasado 9 de junio, pese a que la Unión Europea, que ejerce como mediadora entre ambas partes, se ha mostrado abierta a seguir con esa tarea, siempre que se le trasladen nuevas propuestas sobre las que trabajar.

Preguntado sobre si los 'populares' están preparando ya alguna nueva oferta, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha insistido en que su partido "no sucumbre ante chantajes", tampoco del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha amenazado con cambiar la ley para prohibir al CGPJ nombrar magistrados del Supremo y de los Tribunales Superiores si el PP no se aviene a pactar nuevos vocales antes de final de mes.

En declaraciones en la Feria del Libro de Madrid, el también vicesecretario de Cultura del PP ha recordado que ya hay "una negociación en marcha que se puso en 'stand-by' por las elecciones europeas". "Nosotros queremos seguir en esa mesa de conversaciones; esa es la oferta que hacemos, una negociación que está amparada por la propia Comisión Europea", ha dicho.

Según Sémper, ese marco "tenía un recorrido claro" y el PP sigue pensando que "puede llegar a buen puerto". "Pero lo que no puede ser es que estemos avalando o aceptando con normalidad el intento por parte del Gobierno de controlar la acción de los jueces porque eso es incompatible con un proceso de renovación del CGPJ", ha avisado.

En este contexto, ha insistido en que el nombramiento de nuevos vocales para sustituir a quienes llevan ya más de un lustro en funciones debe ir aparejado "necesariamente" de "garantías de independencia del órgano de gobierno de los jueces". "Y esto es algo que comparte la Unión Europea", ha destacado.

Respecto al choque entre los fiscales Supremo que se encargaron de la causa del 'procés' y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el portavor 'popular' considera "razonable" que los representantes del ministerio público "se rebelen" ante la amnistía a la malversación.

"Parece razonable que los fiscales del Supremo, que conocen perfectamente la causa, se rebelen ante la amnistía que pretende otorgar el gobierno a casos de malversación, es decir, ante la corrupción", ha apuntado Sémper, para quien "lo que es desproporcionado y descabellado es la actitud del fiscal general del Estado".

En este contexto, ha subrayado que este "escándalo" llega después de que García Ortiz haya acumulado varios "varapalos", como la anulación del nombramiento de su antecesora y exministra de Justicia Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática. "Está desacreditando la Fiscalía General del Estado y convendría que actuará con talla de Estado y no mandatado por Pedro Sánchez", ha concluido.

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