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El departamento federal de Justicia y Policía de Suiza ha rechazado, y es la tercera vez, el auxilio judicial solicitado por el magistrado del caso Tsunami, Manuel García-Castellón, en relación con la dirigente de ERC Marta Rovira. El ente estatal al considerar que los hechos no encajarían en los delitos de terrorismo, según su legislación.
El magistrado ha recibido una respuesta denegatoria de las autoridades helvéticas a la comisión rogatoria que cursó al país donde se encuentra Marta Rovira desde que huyó de España en 2018, según ha adelantado el diario El País y han confirmado a EFE fuentes jurídicas,
La razón, según explican las fuentes, es que consideran que los hechos relatados en la última petición de colaboración que cursó no encajarían, según el Código Penal suizo, en un delito de terrorismo y se moverían en el terreno de las manifestaciones políticas.
"La jurisprudencia de nuestros tribunales ha considerado que las organizaciones criminales/terroristas incluyen, por ejemplo, las Brigadas Rojas italianas, la ETA vasca y la red Al Qaeda, pero NO las organizaciones que, utilizando medios que no son actos de violencia criminal, luchan por el poder político en el país", señalan, según informa El País.
El pasado mes de diciembre la Oficina Federal de Justicia de Suiza suspendió la tramitación de la comisión rogatoria en la que el juez solicitaba datos para localizar a Rovira.
Las autoridades suizas le pidieron que ampliase los indicios contra ella para determinar si su petición de localizarla tiene carácter "político", lo que le impediría colaborar con la justicia española, y le recordaron que la comisión rogatoria era similar a la que ya cursó en 2019, también en la causa de Tsunami Democràtic, y que le fue denegada.
El magistrado respondió en febrero en un duro escrito en el que recordaba a Suiza que los tratados internacionales le impiden rechazar por motivos políticos el auxilio judicial que solicitó, al ser una causa en la que se investigan delitos de terrorismo.
García Castellón explicó que pidió ayuda a Suiza para localizar a Marta Rovira porque al tratarse de una diligencia que afecta a su derecho fundamental, entiende que el instrumento que ofrece más garantías es la cooperación judicial y no la vía policial.
Y, respecto a la petición de información de una cuenta bancaria suiza que podría haber financiado las protestas del otoño de 2019, precisa que solicitó datos hasta junio de 2020 porque es la fecha en que se tiene conocimiento de la voluntad de perpetrar actuaciones por parte de Tsunami Democràtic.
La magistrada del Tribunal Supremo (TS) Susana Polo ha acordado "suspender temporalmente" la solicitud de asistencia judicial y la orden de investigación europea (OIE) remitidas a Suiza y con las que buscaba citar en la causa 'Tsunami Democràtic' tanto al expresidente catalán Carles Puigdemont como al diputado de ERC Ruben Wagensberg.
Polo apunta que adopta esta decisión en atención a los informes de las partes recibidos después de que ella solicitara su postura tras la entrada en vigor de la ley de amnistía, según la providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press. Lo que la magistrada no ha suspendido en cambio es la notificación de las resoluciones dictadas en la causa a Puigdemont.
El pasado mes de abril, la magistrada citó como investigado al expresidente catalán y eurodiputado de Junts Carles Puigdemont para que entre el 17 y el 21 de junio declarara de forma voluntaria y vía videoconferencia en la causa abierta por presuntos delitos de terrorismo en el denominado 'caso Tsunami Democràtic'.
En un auto, la juez convocaba también a Wagensberg para que compareciera en los mismos términos en el procedimiento que ahora se sigue en el Supremo, después de que el pasado febrero asumiera la competencia sobre los hechos relativos a ambos dirigentes a petición de García Castellón, que continúa investigando a otra decena de personas por los disturbios atribuidos a la plataforma independentista.
Se trataba de la primera diligencia que ordenaba Polo desde que recibiera el encargo de instruir la causa de 'Tsunami Democràtic'. Cabe recordar que el asunto está en manos del Supremo toda vez que Puigdemont y Wagensberg gozan de la condición de aforados.
En la citación, la jueza cursaba una orden europea de investigación (OEI) y/o comisión rogatoria internacional a través de EUROJUST para que se averiguara el paradero y domicilio de ambos investigados para poder celebrar sus respectivas declaraciones.
Según precisaba la magistrada, las videoconferencias se fijaban inicialmente para el periodo entre el 17 y 21 de junio.
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