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Acceder a la carrera judicial exige superar el grado en Derecho, la oposición y el curso de la Escuela Judicial. Después, para cambiar de juzgado o ascender, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) publica periódicamente concursos reglados con las plazas vacantes, valorándose méritos, formación y antigüedad, pero no es esa la vía para llegar a los 'altos cargos'.
La Ley Orgánica del Poder Judicial deja en manos de los vocales del CGPJ destacados nombramientos "discrecionales", como los magistrados del Tribunal Supremo, las presidencias de la Audiencia Nacional y de sus salas o las presidencias de audiencias provinciales y de tribunales superiores de justicia.
En 2021, ante el bloqueo del PP a la renovación de ese órgano, el Gobierno impulsó un reforma de la citada ley que impide al Consejo hacer esos nombramientos en funciones. Con cinco años y medio con el mandato caducado, las vacantes se acumulan y, ante la falta de acuerdo, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, plantea directamente quitar esa competencia al Consejo.
Las convocatorias de estas plazas se convocan en el BOE y se especifican los méritos, experiencia y conocimientos que deben tener los candidatos, que, una vez admitidos, deberán comparecer ante la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial en audiencia pública.
Una terna de candidatos acabará pasando a votación al pleno del CGPJ. Y es ahí donde, en no pocas ocasiones, es el peso de los bloques, conservador o progresista, el que inclina la balanza hacia uno u otro nombre.
La imposibilidad de hacer nombramientos discrecionales con el mandato caducado está teniendo un impacto directo en la administración judicial, donde se acumulan ya 94 vacantes.
De ellos, según informan a EFE fuentes del CGPJ, 25 son magistrados del Tribunal Supremo, uno de los órganos más afectados. Hay un puesto en la Audiencia Nacional, 38 en los tribunales superiores de justicia autonómicos (7 de ellos presidencias) y 30 presidencias de audiencias provinciales.
Pedro Sánchez no ha dado detalles de cómo o quién nombraría a estos cargos judiciales si no lo hace el órgano de gobierno de los jueces, aunque la principal asociación judicial, la APM, ha mostrado su rechazo rotundo a una reforma y el presidente en funciones del Consejo, Vicente Guilarte, le ha advertido hoy mismo de que en ningún caso sería admisible propiciar "una zona de influencia del Gobierno".
Guilarte sostiene que los nombramientos "deben persistir residenciados en el CGPJ por imperativo de la lógica constitucional más elemental asentada" en la Carta Magna y considera "aterradora" la perspectiva de que esas designaciones vuelvan a ser competencia del ministerio de Justicia, como ocurría antes de que se aprobase la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en 1985.
El presidente en funciones del CGPJ lleva meses defendiendo la necesidad de cambiar una fórmula que ve "viciada de discrecionalidad". Ha llegado a proponer un sorteo para elegir a los vocales del CGPJ para contar con un nuevo órgano y diseñar diversos sistemas para elegir a los cargos judiciales, dando poder a los propios jueces y creando comisiones específicas en el caso del Supremo.
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