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La ley de amnistía pueda afectar, aproximadamente, a 82 causas penales que se encuentran actualmente en tramitación en las que están encausadas 486 personas, según los datos facilitados por la Fiscalía General del Estado.
Un día después de la entrada en vigor de la norma, el ministerio fiscal ha hecho públicos los datos recabados por las diferentes fiscalías territoriales acerca de los procedimientos penales a los que podría ser de aplicación la ley de amnistía, que afecta a hechos relacionados con el "procés" entre 2011 y 2023.
No obstante, la Fiscalía precisa que no a todos estos procedimientos puede serle de aplicación la norma al no estar incluidos algunos delitos en el texto legal, como por ejemplo el de odio, que puede investigarse junto con otros en alguna causa.
Los cálculos del ministerio fiscal se centran en los procedimientos que siguen tramitándose en juzgados y tribunales del país, es decir, no entrarían las causas archivadas o con condenas ya cumplidas, pese a que en este último caso también podría tener efecto la amnistía en la cancelación de antecedentes penales.
Al margen de los penales, también hay otros procedimientos administrativos o contables -como el de los gastos del "procés" del Tribunal de Cuentas- que la ley de amnistía busca beneficiar.
Hace meses, el Gobierno calculó que podrían ser 372 las personas implicadas en procesos penales beneficiadas por la ley, una cifra de afectados que desde el independentismo se multiplicó: Junts habló del millar, ERC de 1.500 y Ómnium lo eleva a 1.600, al sumar todos ellos a los sancionados en aplicación de la ley de seguridad ciudadana.
Entre los casos que pueden verse afectados por la amnistía se encuentra la causa principal del "procés" que se ha investigado en el Tribunal Supremo por sedición (un delito ya desaparecido), malversación y desobediencia, y que se divide en dos ramas: los líderes independentistas ya condenados, con Oriol Junqueras a la cabeza; y los huidos, entre ellos Carles Puigdemont.
El expresidente de la Generalitat también está implicado en otro procedimiento investigado en el Supremo, el de los disturbios atribuidos a la plataforma Tsunami Democràtic de octubre de 2019 en Barcelona, un caso que también se instruye en la Audiencia Nacional respecto a aquellos que no están aforados, como la dirigente de ERC Marta Rovira.
A esa investigación por terrorismo se une otra, también seguida en la Audiencia, que la Fiscalía incluye entre las causas que podrían verse afectadas por la amnistía: la que mantiene a la espera de juicio a doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por planear acciones violentas en sedes oficiales de Cataluña en respuesta a la sentencia del "procés".
Esos son los únicos procedimientos penales que se tramitan fuera de Cataluña, donde su Tribunal Superior de Justicia mantiene dos causas por desobediencia, prevaricación y malversación, como la de los preparativos del referéndum del 1-O, en la que están acusados los cargos de ERC Josep Maria Jové y Lluís Salvadó y la consellera de Cultura en funciones, Natàlia Garriga.
Del total de causas contabilizadas por la Fiscalía, la mayoría (39) se encuentran en la provincia de Barcelona, tanto en su Audiencia Provincial (5), como en juzgados de instrucción y de lo penal de la ciudad condal o de diferentes municipios.
Entre las 18 causas que acumulan juzgados de la ciudad de Barcelona figura el que ha investigado los preparativos para el referéndum, que mantiene procesados a una treintena de cargos del Govern que presidió Puigdemont y empresarios; el caso Volhov, donde un juez ha investigado una supuesta injerencia rusa en el "procés"; o el procedimiento abierto contra medio centenar de policías por las cargas del 1-O.
Los procedimientos recabados por la Fiscalía incluyen delitos económicos como malversación, blanqueo, fraude o cohecho, pero también coacciones, falsedad, desórdenes públicos, daños, lesiones, contra la integridad moral, torturas o tratos degradantes, entre otros.
Además de Barcelona, juzgados de Sabadell, El Prat del Llobregat, Cerdanyola del Vallés, Mataró, Martorell o Terrassa, entre otros, también llevan algunas de esas causas.
Tras Barcelona, Girona es la siguiente provincia con más procedimientos (19) en su Audiencia Provincial, juzgados de lo penal de Girona y otros en Figueres y en Bisbal d'Empordà; seguida de Tarragona (12), que tiene causas en localidades como Reus, Tortosa o Valls. Lleida, se encuentra en último lugar con 7 causas, según los cálculos de la Fiscalía.
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