La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha suspendido hasta el próximo 24 de junio la declaración de Alberto González Amador y del resto de los investigados por un presunto fraude fiscal, han informado fuentes jurídicas.

La suspensión se produce debido que a uno de los investigados citados para este lunes no se le había podido notificar la citación ni tampoco se ha podido tramitar una videconferencia prevista para mañana en los juzgados de Sevilla.

La pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha llegado sobre las diez de la mañana a los juzgados de forma discreta para declarar por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental en relación a un supuesto fraude fiscal de 350.951 euros que le atribuye la Fiscalía de Madrid y la Agencia Tributaria.

A su llegada, no ha sido captado por los medios, que estaban desplegados en los dos accesos de esta sede judicial. En estos momentos, se encuentra en el interior de la sala de vistas para declarar.

Al parecer, Alberto González habría cambiado su imagen al llevar el pelo más corto y sin barba, según han apuntado a Europa Press fuentes jurídicas, lo que ha hecho que los periodistas que le esperaban no se percataran de su presencia.

En el acceso principal de los juzgados, se ha desplegado un paseíllo especial de vallas y se ha reforzado la seguridad. A las puertas, se concentran decenas de periodistas.

La jueza de Instrucción número 19 de Madrid interrogará en junio a Alberto González y a Maximiliano N. en el marco de las diligencias abiertas contra Alberto G. A. y otras cuatro personas. El martes, interrogará a otras tres personas investigadas en el mismo procedimiento penal.

La pareja de Ayuso podría defender su inocencia o reconocer los delitos de los que se le acusa conforme al acuerdo de conformidad propuesto por su defensa, en el que planteaba asumir ocho meses de cárcel, cuatro por cada delito fiscal.

Su declaración se produce días antes a que tenga que ratificar en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la querella que interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto por un delito de revelación de secretos por el comunicado difundido en el que se daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal relativos al caso de fraude fiscal.

La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.

En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros.

Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con "delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".

La pareja de Ayuso declarará después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya admitido a trámite la querella que interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por un delito de revelación de secretos en relación a la nota difundida por la Fiscalía de Madrid en la que aclaraba el cruce de correos entre el abogado de Alberto G. A. y el fiscal del caso.

En este caso, el instructor ha citado para el 24 de mayo a las partes para que ratifiquen las querellas. Entre las diligencias, solicita identificar al máximo responsable fiscal que autorizó difundir el citado comunicado.

En cuanto a la causa relativa a la pareja de Ayuso, la Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".

"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.

El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".

El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".

A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que derivó en la presentación de la denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.

Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.

En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, "se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación".

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