El fiscal general el Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este martes el deber del Ministerio Público de rebatir una información "parcial y falsa" que afecta a su trabajo y ha considerado que la querella del novio de la presienta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, busca intimidar a los fiscales que investigan el caso, como ha explicado Miguel Mollà en el vídeo.

"Perseguir al perseguidor es algo que ocurre muchas veces", ha manifestado en una entrevista en TVE después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya aceptado investigar la querella del empresario Alberto González Amador, pareja de Ayuso, contra dos fiscales por presunta revelación de secretos en la difusión de una nota de prensa sobre su caso por supuesto fraude a Hacienda.

García Ortiz ha señalado que al ponderar el deber de confidencialidad, se estimó que debía prevalecer "el derecho a la información y a conocer una información veraz", siendo "proporcionados y moderados".

Y en este contexto ha considerado que "a dos fiscales no se les puede intimidar en el ejercicio" de su trabajo por parte de quienes presuntamente han cometido un delito.

García Ortiz se ha referido también a la decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de la ex fiscal general del Estado Dolores Delgado como fiscal de Sala de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, después de invalidar su designación para la fiscalía togada del Supremo el pasado noviembre.

El Supremo ha pedido al Consejo Fiscal que estudie si concurre una causa de incompatibilidad por la actividad de su marido, el exjuez Baltasar Garzón, algo que para García Ortiz es "evidente" que no existe. "El nombramiento es perfecto", ha asegurado.

Si se sorteó ese trámite, fue porque entendió que era "una práctica dilatoria" para evitar que Delgado fuera nombrada para el cargo en la pasada legislatura.

Según ha apuntado, incluso un consejero lo verbalizó diciendo que no tenía sentido hacer ese nombramiento cuando iba a haber un nuevo gobierno y la citada fiscalía no iba a interesar a nadie.

A su juicio, la sala tercera el Supremo ha elevado el nivel de exigencia ante los nombramientos discrecionales que hace el fiscal general el Estado y ha cambiado su jurisprudencia, pidiendo criterios adicionales a los que exige el Estatuto del Ministerio Público.

"Pero nos ha corregido y hay que volver a la casilla de salida", ha admitido.

El PP ha pedido su dimisión, pero él ha asegurado que no se lo plantea, al tiempo que ha recordado que tampoco el Gobierno puede cesarlo, ya que su autonomía está blindada.

En este contexto, ha pedido lealtad a las instituciones para no degradarlas y ha cuestionado que el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta, vaya a reprobarlo este miércoles sin haberlo escuchado.

"Si el Senado me reprueba, lo que habrá que analizar es por qué, si es por maledicencias o bulos, yo estaré muy tranquilo; si fuera por hechos ciertos, me preocuparía, pero le puedo asegura que estoy muy tranquilo", ha afirmado.

Sobre el bloqueo el Consejo General el Poder Judicial, no ha querido pronunciarse sobre una posible rebaja de las mayorías parlamentarias para sortear la negativa el PP a renovarlo, pero ha considerado necesario actuar para acabar con la actual "anomalía institucional"

"No sé si es Europa la que nos tiene que indicar el camino que tenemos que seguir", ha señalado en referencia a las dudas que en su día mostró la Comisión Europea ante esa iniciativa.

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