Pedro Sánchez ha pasado de meditar la dimisión a anunciar hoy que intentará ser reelegido una tercera vez. Aborta el debate sucesorio en el PSOE y avisa al PP: renovará el poder judicial, incluso sin un acuerdo con Feijóo. No solo eso, señala a los medios y la justicia diciendo que ha sido víctima en el pasado de lawfare, un término que pusieron de moda sus socios independentistas que consideraron que eso precisamente fue lo que les pasó en el procés. Un hecho que ha provocado la inmediata reacción de los jueces. El mismo Sánchez que dijo durante la moción de censura fallida de Vox que España era de una democracia plena tal y como señalaba The Economist ve hoy la necesidad de una limpieza.

Vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han afeado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asegurara este martes que ha sido víctima de 'lawfare', al tiempo que defienden que en España no hay 'guerra judicial' y que si algún ciudadano cree que un juez ha prevaricado debe usar los "mecanismos propios de un Estado de Derecho", señalan fuentes del órgano de gobierno de los jueces.

Las fuentes consultadas califican de "inoportuno" el pronunciamiento del jefe del Ejecutivo, aunque otras voces dentro del CGPJ rebajan la afirmación del presidente al recordar que no ha señalado directamente a ningún juez, como si han hecho en otras ocasiones otros políticos desde la tribuna del Congreso o la del Senado.

Con todo, dichas voces señalan que confían en que, como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "persevere, infunda y transmita" a la ciudadanía la "necesaria" idea de confianza en el valor de justicia y en la independencia de los tribunales.

El jefe del Ejecutivo ha afirmado en una entrevista en la Cadena SER que fue víctima de 'lawfare' mientras estaba en la oposición, cuando su entorno familiar fue objeto de "espionaje" por parte de la llamada 'policía patriótica' en el año 2014, según ha indicado. No obstante, ha señalado que dichas prácticas terminaron cuando él llegó a La Moncloa y que, por tanto, sigue confiando en la Justicia.

Preguntado sobre si considera que existe 'lawfare' en el caso que afecta a su mujer --en concreto la admisión de una denuncia contra ella por parte de un juez-- y que le llevó a retirarse de la vida pública durante cinco días, Sánchez ha sido tajante: "Como persona puedo tener mi opinión sobre esto, pero soy presidente del Gobierno de España".

Respecto a la afirmación que hizo anoche Sánchez en TVE de que buscará una solución para renovar el CGPJ, algunas voces consultadas en el órgano de gobierno de los jueces han celebrado que esté abierto a evaluar la propuesta que el presidente interino, Vicente Guilarte, presentó al Congreso y al Senado "siempre y cuando exista una voluntad real de acuerdo".

Cabe recordar que Guilarte --a título personal y no en nombre del CGPJ-- propuso evitar futuros bloqueos mediante dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos "a toda contaminación política previa" o que el nombramiento de los vocales judiciales --12 de los 20-- quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno apueste por rebajar las mayorías para renovar el CGPJ, otros vocales han recordado que esta fórmula ya se puso sobre la mesa y Europa lo criticó, por lo que consideran que esta opción está "lejana".

Las asociaciones de jueces discrepan sobre la posibilidad de rebajar las mayorías para renovar el Consejo General del Poder Judicial, ya que las conservadoras alertan de que va en contra de la Constitución y de Europa, mientras que la progresista se abre a explorar todas las opciones sobre la mesa.

Este martes la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no ha querido comentar la posibilidad de retomar la reforma que planteó el Gobierno en 2020 para rebajar las mayorías parlamentarias exigidas para renovar el CGPJ y que retiró ante las advertencias de Bruselas, pero ha lanzando una advertencia si persiste el bloqueo del PP. "Sigue siendo deseable ese acuerdo con el PP, pero si hay un empeño total y absoluto por parte del PP de bloquear la renovación y no cumplir la Constitución, tendrán que entender que tenemos que estudiar y valorar nuevos mecanismos", ha señalado.

Al respecto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera, destaca que su postura no ha variado respecto a lo ocurrido en 2020. En declaraciones a EFE, su portavoz, María Jesús del Barco, dice que "no tiene cabida en la Constitución" y que "ahonda en la politización de los jueces", al tiempo que recuerda que "la Comisión Europea ya le dijo al Gobierno que por ahí no podía seguir". "El propio Pedro Sánchez sabe que no lo puede hacer", advierte la portavoz, pero acto seguido subraya que "el presidente tampoco iba a amnistiar el procés".

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), su portavoz, Sergio Oliva, deja claro que "rebajar las mayorías para renovar el CGPJ va en contra de todas las recomendaciones de las instituciones europeas, y del sentido propio de nuestra Constitución española, y pondría en riesgo nuestro Estado de derecho". Y avisa: "Inocular el veneno de la duda sobre la independencia e imparcialidad de nuestros jueces es un riesgo para nuestra democracia".

Por el contrario, Jueces y Juezas para la Democracia no rechaza de plano la posibilidad de rebajar las mayorías y, por tanto, "cualquier fórmula para tratar de superar el actual bloqueo debería ser estudiada por el Parlamento". "Pero la mejor fórmula sigue siendo que haya consenso, que el PP recupere la cordura y actúe con altura de miras y responsabilidad institucional. Que se comporte como un partido de Estado", precisa a EFE su portavoz, Edmundo Rodríguez, quien subraya una premisa: "Lo que está claro es que hay que dar pasos para superar el boicot"

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