En el centro del debate tras los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez está la figura de su esposa, Begoña Gómez. Ocupando buena parte de la actualidad política, la cuestión que ha vuelto a emerger ahora es si se debe regular el papel de los consortes, algo que vuelve a ahondar en la división, la tensión y la crispación entre PSOE y PP, que tampoco en esto acercan posturas.

La primera gran aparición pública de Begoña Gomez la vimos en 2015, cuando Pedro Sánchez fue proclamado candidato a la presidencia del Gobierno. Entonces, Begoña Gómez trabajaba en una consultoría y captaba fondos para distintas ONG.

Más tarde, en 2016, con nuestra compañera Ana Rosa Quintana, es ella la que vaticinaba al ser preguntada dónde iban a volver a verse después de las elecciones: “En Moncloa”, señalaba.

Dos años después, en 2018 llegaba moción de censura contra Mariano Rajoy. Entonces, ya tenía un perfil activo en la faceta política de su marido y 16 años de experiencia como consultora. Begoña se planteó en esos momentos su situación laboral por posible conflicto de intereses y pidió una excedencia, pero la reflexión duró poco, porque dos meses después de ese momento sería contratada por el Instituto de Empresas y desde 2020 codirige una cátedra en la Universidad Complutense.

El conflicto llegaría tras la firma de dos cartas de recomendación a empresas que luego reciben dinero público del Gobierno presidido por su marido. Mantiene encuentros con responsables de Globalia, propietaria de Air Europa, compañía rescatada con dinero público, y que pactó un patrocinio para su cátedra.

Así, la cuestión que ha emergido ahora es si se debe regular el papel de los consortes.

“No, no creo que ese sea el debate en estos momentos en este país”, afirma Óscar Puente, ministro de Transportes, al ser preguntado al respecto.

“Lo que no podemos es volver a poner el foco precisamente en la víctima de ese sistema a través de los bulos y la desinformación”, señala, en la misma línea, Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación.

No obstante, desde el PP la postura es muy distinta, como ha evidenciado la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, quien ha llamado a “regular la transparencia que debe existir en relación a las actividades del entorno del presidente del Gobierno”.

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