Las claves para entender el choque entre Congreso y Senado por la Ley de Amnistía, por Rosa Lerchundi
Rosa Lerchundi, jefa de Nacional de Informativos Telecinco, analiza la complicada situación política que atraviesa nuestro país
Lo hace tras las nuevas disputas entre Congreso y Senado por la aprobación de la Ley de Amnistía
Estos son los plazos y líneas a seguir que marcarán la agenda informativa de los próximos días
Ya es oficial el choque institucional por la Ley de Amnistía. Pero este conflicto lleva sus plazos. Para entenderlos, desde la web de Informativos Telecinco hemos contado con Rosa Lerchundi, jefa de Nacional, que nos ha explicado qué está sucediendo entre el Congreso y el Senado por la tramitación de esta norma y por qué es probable que el Tribunal Constitucional entre en juego antes de lo previsto.
Tal y como cuenta la compañera en el vídeo que abre esta pieza, el Senado, con mayoría del Partido Popular, está poniendo todo de su parte para dar marcha atrás a esta ley en el Congreso de los Diputados, donde son más los que quieren aprobarla (con el PSOE al frente). En la tarde de este miércoles, al filo de las 18:00 horas, el pleno del Senado registraba una petición para exigir al Congreso la retirada de la ley. Según defienden, su tramitación supondría “una reforma encubierta” de la Constitución.
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Una maniobra que busca paralizar la Ley de Amnistía
A partir de ahora, el Congreso tiene un plazo de un mes para contestar si la retira o no. Lo previsible es que no lo haga y que por su parte siga su curso. Una vez suceda esto, probablemente en la primera semana de abril, al Partido Popular no le quedará otra opción que reaccionar tirando de otra baza: la del Tribunal Constitucional, al que pedirá medidas cautelares. De ser así, de ser aceptadas, el trámite de la Ley de Amnistía quedaría paralizado. De no hacerlo, la reforma seguiría su curso.
Aunque por el momento se desconoce cuál será el resultado de esta maniobra, lo que está claro es que esta situación eleva la tensión institucional. El enfrentamiento entre el PSOE y el PP, en definitiva, se está trasladando a las instituciones, concretamente al Congreso y el Senado. Y lo hace con el Tribunal Constitucional como árbitro, donde cabe recordar que es mayoría el número de magistrados progresistas.